El crimen del inspector de la Policía Federal, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), hizo que desde el Pro apunten contra las políticas de seguridad del Gobierno y cuestionen la falta de herramientas con que cuentan los efectivos. No solo eso, sino que este miércoles el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, tomó cartas en el asunto y confirmó la reactivación del proceso de licitación para que la Policía de la Ciudad adquiera 300 pistolas Taser, que habían causado polémica tiempo atrás durante la gestión en Seguridad de Patricia Bullrich.
Entre las explicaciones, Santilli dijo que el proceso “había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia”.
Durante un reportaje, el funcionario porteño reafirmó que la información difundida ayer sobre el reinicio del proceso de licitación de 300 pistolas Taser para la Policía de la Ciudad al comunicar que el procedimiento “lo hemos reiniciado y esperemos que sea lo más rápido posible”.
“Hay que dotar a la Policía de las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con armas de baja letalidad, como una tonfa, una pistola Taser: hay que ir equipándolos y ayer mismo se reinició el proceso de licitación de Taser, que había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia”, agregó.
Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, sostuvo que prefiere que la Policía “utilice estos dispositivos antes que un arma de fuego”.
“Son 300 pistolas Taser con toda la tecnología que tiene que tener: cámara de filmación para poder ver toda la trazabilidad del trabajo y, por supuesto, los oficiales tendrán entrenamiento específico”, explicó.
Tras el crimen del Policía Federal Juan Pablo Roldán, atacado a puñaladas el pasado lunes en el barrio porteño de Palermo por una persona que luego murió y que padecía problemas psiquiátricos, se reavivó el debate acerca de la implementación de ese tipo de armamento en las fuerzas de seguridad.
Desde 2010, el Gobierno porteño pretende equipar a la policía con pistolas Taser, lo que fue repudiado por organismos de Derechos Humanos, que cuestionaron su utilización por considerarlas “elementos de tortura”.
En 2014, de hecho, un fallo favorable a ese reclamo prohibió la utilización de dichas armas, revocado en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había asegurado el martes que la utilización de las Taser “no está en estudio” dentro de las fuerzas federales de seguridad y afirmó que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires “tienen autonomía” para decidir su implementación.
En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a Télam que la Nación “no se opone a la utilización de las Taser” y aclararon que desde el 2016 existe un fallo de la Justicia porteña que habilita a la fuerza de seguridad de la ciudad a implementar a ese tipo de armas, pero que por motivos que desconocen “no se pusieron en funcionamiento”.
