La medida tendrá un impacto directo en el financiamiento de las campañas electorales. El Senado aprobó este martes y dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que tiene como principal punto la habilitación para que las empresas privadas puedan realizar aportes de campaña y financiar partidos políticos.
La iniciativa se aprobó con los votos de Cambiemos, el Bloque Justicialista y bancadas provinciales, mientras que Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda, del interbloque Río-Sur, se expresaron en contra y el kirchnerismo se ausentó
El proyecto que modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos se aprobó con 47 votos a favor y 2 en contra.
La nueva normativa establece que las empresas podrán realizar aportes de campaña (algo prohibido por la normativa actual) por hasta el 2% de los gastos habilitados y señala que los aportes en dinero sólo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario.
El donante deberá acreditar su identidad y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido que recibe el aporte quién fue la persona que lo efectuó.
El proyecto establece un marco regulatorio para la propaganda en sitios web y redes sociales
La iniciativa también modifica la lista de prohibiciones al agregar que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas “imputadas en un proceso penal”, quienes no están incluidos en el listado de la ley actual. Además de permitir el aporte de empresas privadas, el proyecto establece un marco regulatorio para la propaganda en sitios web y redes sociales.
En ese sentido, se incorpora el “registro de cuentas oficiales” de redes sociales de partidos y candidatos, que será elaborado por la Cámara Nacional, y regula la publicidad en medios digitales con recursos públicos. La iniciativa indica que “del total de los recursos públicos” destinados a publicidad digital “al menos un 35%” deberá destinarse a sitios periodísticos de producción nacional y “al menos otro 25%” a los de producción provincial.
Por otra parte, el proyecto reduce a la mitad el espacio gratuito cedido por los medios audiovisuales para propagando electoral: actualmente es el 5% del tiempo total de programación pero a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado “pago a cuenta de impuestos nacionales”. Otra de las novedades que introduce el proyecto son los aportes en especie: son los que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.