El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción “colectiva y preventiva” en representación de “todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial” y reclamó una medida cautelar que le prohíba al Gobierno la promulgación y publicación de ambas normas.
El abogado formuló la presentación en su carácter de “titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo”.
Gil Domínguez reclamó que sea declarada “la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados” y que se ordene al Poder Ejecutivo “que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial”.
La causa quedó radicada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 8, a cargo de la magistrada subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, y fue registrada bajo el número 16.339 /13, según informaron a DyN fuentes judiciales.
De acuerdo con los dichos del denunciante, ambas normas sancionadas la semana pasada en el Congreso, “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental y humano al amparo”.
El abogado abundó sobre los proyectos sancionados que limitan las medidas cautelares contra el Estado y consideró que “afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina”.
El amparo colectivo, que representa a todos los habitantes, permite que cualquier particular o cualquier asociación que se sienta afectada tome los mismos argumentos de la presentación de Gil Domínguez y los presente en cualquier tribunal del país.