Tras un alocado proceso de licitaciones, modificaciones en los contratos, adición de nuevas obras al contrato original, cambios en las programaciones de las obras y un sutil entramado de entidades financieras que iban a costear el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y luego dejaron de lado esta opción, el Gobierno nacional se encuentra analizando dar de baja el proyecto.
En la licitación original, en la que el consorcio de empresas Odebretch (brasileña), Iecsa (Grupo Macri), Ghella (italiana) y Comsa (española) se impuso frente a las uniones transitorias conformadas por Benito Roggio (argentina) y por Isolux (española) y Esuco (argentina), la financiación iba a estar a cargo del consorcio ganador en la compulsa, pero en las sucesivas renegociaciones del contrato, eso quedó descartado en 2016, luego del triunfo de Cambiemos en las elecciones del 22 de noviembre de 2015.
De todos modos, tras el estallido de los escándalos del Lava Jato y de las investigaciones desarrolladas por la justicia norteamericana, que complicaron seriamente a todas las empresas constructoras importantes que no fueran originarias de los EEUU, el proceso adjudicatorio fue judicializado.
En ese contexto fue cuando Macri intentó reactivar la obra, en esta ocasión, con apoyo estatal.
El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, planteó que el trabajo, “como está planteado hoy es absolutamente inviable”.
Luego, el funcionario agregó que para continuarla se debería “invertir más de 1.500 millones de dólares para hacerlo como estaba pensando originalmente”.
Meoni explicó que “en el marco de la crisis que tenemos hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características, que además viene con muchas dificultades. Hoy está absolutamente paralizado”.
Como solución a futuro, el ministro dijo que “estamos trabajando con el Gobierno de la Ciudad en la revisión técnica de cuál es el proyecto viable hacia adelante, a partir del punto de vista técnico”.
Tiempo atrás, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó su preferencia en cuanto a construir la obra por arriba, en modo de viaducto, en lugar de construir el túnel que se estaba haciendo actualmente.
Meoni relató que los equipos técnicos del ministerio que conduce se encuentran “trabajando para ver de qué manera se puede hacer esa rescisión de contrato sin que impacte en un juicio millonario en contra del Estado”, agregando que “queremos resguardar eso de sobremanera”, porque “muchas veces se han tomado en la Argentina decisiones políticas que son impactantes a la hora de un título, pero que después las consecuencias económicas son muy graves. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a cuidar el recurso de todo el mundo”.
Finalmente, el ministro informó que existen “tres etapas de discusión”, detallando que “una es ver cómo se resuelve y cómo se continúa la obra; la segunda es de carácter jurídico: si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado y la tercera es de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no”.
