Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, tiró una frase polémica: “tener una sociedad en un paraíso fiscal no constituye delito”, dijo, en defensa del presidente Mauricio Macri, que aparecía implicado en la investigación Panamá Papers, que reveló su rol de director de una sociedad familiar offshore radicada en las Bahamas.
La diputada Margarita Stolbizer no tardó en salir al cruce. Llena de indignación, contestó que “la Oficina Anticorrupción confunde sus competencias y se convierte en la oficina de defensa de funcionarios y secretos”.
Para Alonso, “el mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”, pero no entraña delito “salvo que se pruebe que ha sido vehículo para blanquear activos o concretar una evasión impositiva”.
Stolbizer, quien ahora se muestra cercana del diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, le recordó que en la campaña presidencial en la que ella misma era candidata, Alonso había afirmado que “competía con dos candidatos que no podían explicar su declaración jurada”.
Antes de la llegada de Alonso a la Oficina Anticorrupción, la normativa obligaba a que esa repartición estuviera ocupada por un juez, fiscal o abogado matriculado. Alonso es politóloga, por lo cual el presidente debió modificar por decreto la norma para poder designarla.
