“Resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, cuando se encuentren en una situación de peligro inminente, como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas”, decreta la resolución 956/2018.
Las repercusiones políticas y jurídicas que trajo esta medida fueron incontables. Pero bahora, se conoció una resolución que lo declaró inconstitucional e impracticable en la Ciudad.
La justicia porteña declaró inconstitucional el protocolo policial y ordenó que la Ciudad no se adhiera. El juez Roberto Gallardo hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la legisladora Myriam Bregman.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, declaró inconstitucional e inaplicable en la Capital Federal la resolución del Ministerio de Seguridad y le ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que no se adhiera a la medida, pese a que las autoridades aseguraron que lo harán.
El juez Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la legisladora porteña Myriam Bregman, quien efectuó un pedido de nulidad de la medida. La solicitud fue acompañada por la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.
La decisión de la justicia se conoce luego de que la gestión de Larreta decidió sumarse al protocolo sobre el uso de las armas de fuego que dispuso Bullrich. “La Ciudad va adherir al protocolo. Trabajamos muy bien en equipo con la seguridad nacional, somos un solo equipo”, aseguró el jefe de Gobierno porteño.
En el pedido de nulidad se indicó que “la resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”, por lo que se solicitó “con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la medida ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución”.