La postulación del exdirector de Habilitaciones al momento de la tragedia de Beara, Martín Farrell, sigue despertando polémica. Ahora, se conoció una nueva causa que se le suma al postulante a juez de la Ciudad, en la que aparece involucrado desde su actual rol como secretario de juzgado en una serie de maniobras referidas a la habilitación de un comercio.
Farrel habría presentado sin firma el pedido de un abogado para levantar una clausura. Ese hecho esta siendo evaluado por la Comisión de Disciplina, remitido por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, luego de recibir un oficio del titular del Juzgado N° 2, Andrés Gallardo.
Además, durante la última reunión de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura de la Ciudad, el pasado 6 de junio, familiares de las víctimas del derrumbe de Beara se hicieron presentes y criticaron con dureza las trabas que desde el Poder Ejecutivo le están poniendo al pliego para que se apruebe de forma ficta, es decir, directamente, sin ser tratado en el recinto ni sometido a la discusión de la totalidad del Cuerpo parlamentario.
También se pronunciaron en contra de la designación de Farrell miembros de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que en su oportunidad le denegó la afiliación a Farrell, y envió esta semana una nota a la Legislatura, firmada por la secretaria General, Vanesa Siley; y el secretario Adjunto, Juan Rotta Escalante, en las que expusieron las razones por las cuales “en tanto representantes de los/as trabajadores/as del Poder Judicial de la Ciudad nos oponemos a la designación de Martín Farrell como juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario”.
En el mismo texto dicen ver “con gravedad jurídica e institucional que se avale en los fueros magistrados y se le otorgue poder de sanción a una persona sobre la que aún caben procesos penales pendientes”.
Tras estos hechos, la legisladora porteña del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, afirmó que “fue una decisión desde la dirigencia del Pro la que inició un proceso de destitución por la tragedia de Cromañón al entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, sin haber sido investigado, procesado ni imputado. En cambio a Farrell, que tiene cinco imputaciones, desde Bolívar 1 lo quieren ascender a juez. A Ibarra, que solamente era testigo de la causa Cromañón, lo destituyeron; y a Farrell, que es investigado por cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, lo quiere premiar con el cargo de juez. Parecen tener un doble estándar para definir premios y castigos” finalizó la legisladora.
Hace días, se conoció la decisión de la jueza Alicia Iermini de sobreseer a Farrell en la causa del derrumbe de Beara.
