La Corte decidirá sobre la competencia correccional
El máximo tribunal de la República Argentina deberá dirimir en el conflicto de competencias entre la Justicia de la Nación y la Justicia de la Ciudad en las causas por delitos incluidos en el 2º Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales que tiene la aprobación de la Legislatura porteña desde diciembre de 2006 pero que aún espera su tratamiento en el Congreso Nacional.
En abril de este año, el titular del juzgado Correccional Nº 11, Luis Schelgel, declinó su competencia en cuatro causas sobre amenazas remitiendo los casos a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad, al considerar que ya se había cumplido el plazo para la entrada en vigencia del Segundo Convenio luego de ser publicada en el Boletín Oficial del 22 de enero del 2007 la aprobación por parte de la Legislatura porteña.
Los jueces contravencionales Carlos Aostri, María Eugenia Dotti, Norberto Circo y Gabriela Zangaro resolvieron en su momento, rechazar las causas por considerar que la interpretación del magistrado nacional dejó de lado la obligación legal de la aprobación del Convenio en el Congreso Nacional antes de su entrada en vigencia. Y en todos los dictámenes de la Justicia porteña se invitó al juez Schelgel a remitir el expediente a la Corte para dirimir la cuestión suscitada.
Y el juez nacional así lo hizo. La primera causa, rechazada por Carlos Aostri, fue remitida al máximo tribunal para que resuelva el conflicto de competencias en las causas por los trece delitos incluidos en el 2º convenio de transferencias penales (lesiones en riña, abandono de persona, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, maltrato a los animales y discriminación).
El procedimiento judicial para resolver el conflicto de competencias entre jurisdicciones indica que la Corte debe resolver una vez que la Procuración General emita un dictamen no vinculante sobre la causa.
El máximo Tribunal ya recibió dicho dictamen. La procuradora adjuna Laura Monti respaldó los argumentos dados por los jueces porteños y consideró que la transferencia de las competencias incluidas en el Segundo Convenio sólo puede entrar en vigencia luego de su ratificación en el Congreso Nacional y su posterior publicación.
La Justicia Nacional investiga unas 30.000 causas por delitos que desde el año 2004 esperan ser transferidos a la Justicia local. Los magistrados de la Ciudad esperan ansiosos esas causas y la transferencia de todas las competencias porteñas.
Si bien es muy probable que la Corte repita los argumentos esgrimidos por la Procuradora Adjunta y los jueces contravencionales, el tratamiento del tema dentro del más alto tribunal de la República tal vez motive a los representantes del pueblo de la Nación a tomarse unos minutos, levantar la mano y aprobar un convenio firmado por Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra allá lejos y hace tiempo.
