Allanaron el Lenguas Vivas
Tal como informó NOTICIAS URBANAS, pesan sobre el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández una serie de denuncias por corrupción y administración fraudulenta. A raíz de éstas, este lunes al mediodía 15 oficiales de Justicia y personal de la Policía Federal allanaron la institución, sita en Carlos Pellegrini 1515.
El resultado del allanamiento no trascendió, dado que ni en el Juzgado donde se tramita la causa ni en la Policía Federal dieron detalles del operativo. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Educación confirmaron su realización y aclararon que "la denuncia judicial no es contra el Instituto sino contra la cooperadora. Desde la Secretaría se ordenó investigar los supuestos ilícitos y una vez hecho esto se remitió a la Procuración General de la Ciudad".
Las denuncias que se presentaron hace un par de años afirmaban que la institución educativa cobraba aranceles cuando es de carácter gratuito. En ese sentido, la Auditoría General de la Ciudad, luego de realizar una auditoría externa, se expidió con un informe en el que deja clara y contundentemente comprobado que en esa escuela ocurrieron gravísimas irregularidades de diversa índole. Tal es así que el auditor, Matías Barroetaveña, se presentó ante la Justicia denunciando penalmente esos hechos y se originó una causa que tramita el Juzgado de Instrucción en lo Criminal Nº 19 Fiscalía Nº 28, bajo la carátula "Administración fraudulenta en concurso con falsificación de instrumento privado".
Por otra parte, todas las irregularidades denunciadas en el Lenguas Vivas motivaron al diputado Juan Carlos Lynch (Juntos por Buenos Aires) a presentar varios pedidos de informes, uno de los cuales fue aprobado por la Legislatura el 9 de junio del año pasado, pero aún no fue respondido.
En las iniciativas se preguntaba "si la Secretaría de Educación tomó alguna medida cautelar con respecto a la Asociación Cooperadora del Profesorado de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y si se está realizando un seguimiento a la misma para controlar si se persiste en el arancelamiento de los cursos y en el cobro compulsivo de las cuotas de cooperadora".
Por otra parte, solicitó que se informe "si la Secretaría tomó alguna medida para que cese la venta de material didáctico en los cursos regulares de lenguas extranjeras, material elaborado por docentes a los que se les desconocen los derechos de autor y material que entrega la Asociación Cooperadora a cambio de una contribución".
Lynch señaló: "Cuando está en juego el principio constitucional de gratuidad de la educación oficial de gestión pública y el prestigio de una institución de larga y excelente trayectoria por culpa de unas pocas personas que lucran con el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, no debemos permanecer pasivos aceptando la falta de celeridad de quienes tienen la obligación de actuar ante la ilegalidad, más cuando ésta fue auditada y probada por organismos como la Auditoría Interna de la Secretaría de Educación y la Defensoría del Pueblo".
