Bullrich se metió con la justicia
Luego de los fallos que le otorgaron la libertad bajo fianza a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray y al gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, el debate sobre la excarcelación y la prisión preventiva tomó por asalto los medios de comunicación. Para debatir esos temas, el lunes 6 se realizó un desayuno de trabajo en el Hotel Kempinsky, que reunió a especialistas en la materia y fue organizado por Unión Por Todos (UPT), agrupación que lidera Patricia Bullrich, la Fundación Bicentenario y Defensa Ciudadana..
Del evento participaron el presidente electo de la Convención de la UCR Capital, el jurista Ricardo Gil Lavedra, el constitucionalista José Miguel Onaindia, el ex legislador y ex secretario de Justicia porteño Agustin Zbar, los abogados José Manuel Estrada, Mariano Bergés (actualmente defiende a víctimas de Cromañón), José Scelzi y Juan Ávila, el ex director general del Servicio Penitenciario, Juan Pedro Develluk, los dirigentes de UPT, Iván Villafañe, Guillermo Yanco, Alberto Calandrino y Fernando Caeiro, el representante de la Fundación Bicentenario, Juan Curutchet, el de Defensa Ciudadana y ex letrado de familiares de Cromañón, Fabián Bergenfeld y la propia Bullrich.
Según los organizadores de la convocatoria el objetivo de la misma fue lograr un debate sobre una problemática de alta preocupación social como es la prisión preventiva. En la primera parte del debate, se expusieron las principales posiciones y luego se encontraron los acuerdos básicos que serán materia de trabajo para futuros proyectos comunes.
En el inicio de la charla se planteó que el Estado de Inocencia de todo ciudadano está garantizado por la Constitución Nacional y que éste principio debe ser respetado por todo el sistema penal. Partiendo de este concepto se llegó al principio planteado por Gil Lavedra, acerca de que todo delito debe tener su consecuencia. Este principio posibilitó pensar penas alternativas a la prisión, pero el ex ministro aclaró que esto no significa consagrar a la impunidad, sino todo lo contrario, " a cada delito le corresponde una consecuencia concreta".
Luego se afirmó que la prisión preventiva no es necesariamente una prisión adelantada ya que al decir de Bergés y de Gil Lavedra se debe de garantizar la acción del proceso. Esto implica que la prisión preventiva es una medida cautelar necesaria para la aplicación de la ley, así como que el juez debe garantizar no caer en riesgos procesales.
También, se aclaró que este procedimiento no implica atentar contra el Estado de Inocencia sino que garantiza la aplicabilidad de la ley y la capacidad de realizar el proceso. “No hay sistema si no se garantizan las condiciones para ello”, señaló Scelzi.
Por otro lado, para Onaindia el problema no reside en las normas sino en los sistemas, ya que "estos impiden el uso correcto de la ley y son la consecuencia de la sensación de impunidad". Ávila planteó una contradicción entre legalidad y legitimidad, y que por eso la sociedad debe construir un espacio público amplio donde pueda debatir esos temas.
Para Scelzi el problema reside en la autoridad. “¿Quién ejerce la autoridad?, ¿Quién tiene autoridad para predicar los principios de la constitución? La respuesta es que no hay en las instituciones actuales autoridad suficiente, a nadie se le reconoce la autoridad y en consecuencia la constitución no tiene acción comunicativa”, especificó.
Los integrantes de UPT dieron a conocer una serie de medidas que podrían servir para solucionar el tema. Entre ellos se incluyó el de la prisión domiciliaria. Para finalizar, Zbar señaló que se debe tener mucho cuidado con la politización de la justicia y que todos los casos tienen elementos que los distinguen de otros similares.
