Debatieron sobre la interpretación del Código Contravencional

La Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña recibió este martes a las 16 al fiscal General de la Ciudad, José Luis Mandalunis, y al fiscal General Adjunto, Luis Cevasco, con quienes se analizó la aplicación del nuevo Código Contravencional.

La reunión -que fue impulsada por el kirchnerismo- se centró básicamente en el debate de los artículos que se aplican a la venta ambulante y sobre la interpretación de ciertas contravenciones que han derivado en la permanencia de menores en sede policial. También se intercambiaron posturas respecto a la oferta y demanda de sexo en la vía pública.

Estuvieron presentes los presidentes de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad) y Helio Rebot (Frente para la Victoria) y los diputados Sergio Molina, Héctor Bidonde (Bloque del Sur); Miguel Talento, Silvia La Ruffa, Ana María Suppa, Marta Talotti (Frente para la Victoria); Alicia Caruso, Laura Moresi (Frente Grande); Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires); Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) y Paula Bertol (Frente Compromiso para el Cambio).

Mandalunis aseguró que "mientras el nuevo Código es menos riguroso en lo que respecta a la oferta y demanda de sexo en la vía pública, es más duro con la venta ambulante que pasa de ser sólo una falta a ser también una contravención. En el primero de los casos, ha bajado considerablemente la cantidad de actuaciones porque el artículo 81 del Código establece que la Policía no puede actuar de oficio frente a una oferta y demanda de sexo ostensible en la vía pública sin que intervenga un representante del Ministerio Público".

"Esto -agregó- se hace muy difícil en la práctica, porque la Ciudad tiene sólo 24 fiscales contravencionales, quienes no pueden dedicarse a la prevención porque no es su función. Debería articularse un mecanismo por el cuál, en base a denuncias realizadas por vecinos, la Policía dé conocimiento a los fiscales de la contravención y pueda actuar".

La Ruffa explicó que "la necesidad de que intervengan los fiscales no es para que la norma resultara difícil de aplicar sino para que sirvieran de contralor de la actuación policial y evitar arbitrariedades".

Con respecto al tema de la venta ambulante, Talento sostuvo: "Secuestrar 26 chipá no es una actuación punitiva relevante. Tiene que haber una corrección en lo que respecta a esta actividad porque se ha hecho una interpretación errónea de la normativa vigente. Hay que respetar los acuerdos parlamentarios que posibilitaron el consenso suficiente para aprobar los artículos 83 y 84 que buscan sancionar y multar a las mafias y la venta en negro masiva, no buscan decomisar una canasta con dos docenas de churros".

El vicepresidente segundo de la Legislatura añadió: "Porque no sólo le sustraen la canasta, sino que cuando el juez establece la devolución, los fiscales apelan la medida".

Rebot, por su parte, afirmó: "No voy a pedir perdón por la redacción del Código porque los fiscales contravencionales no lo saben aplicar. Es necesario que haya un criterio general de actuación para que se combata la venta ambulante masiva y no algo tan inofensivo como son los artesanos. Si es necesario vamos a modificar los artículos que sean necesarios, pero no es posible que se fuerce la letra del Código que es más que claro cuando establece que no se puede considerar como contravención la venta ambulante para mera subsistencia".

En tanto, Bertol señaló: "En esta reunión falta un actor fundamental en este tema que es el Poder Ejecutivo que no ha sabido -creo yo- regular esta actividad".

Bidonde y Molina coincidieron en que "hay que poner un fin a la escala de violencia que se vive en la Ciudad y a la sobredimensión de los operativos policiales que solo termina en represión". Bidonde también se manifestó a favor de la creación de una mesa donde estén representadas todas las partes "para resolver este tema de una vez por todas".

En ese sentido, Suppa expresó: "En la Comisión de Desarrollo Económico (que ella preside) tenemos el firme compromiso de consensuar una ley que regule acabadamente esta actividad y con ese objetivo ya comenzamos a trabajar".

Posteriormente, De Giovanni le dio la palabra a los vendedores ambulantes, artesanos y mutualistas presentes, quienes se manifestaron frente a la Legislatura pidiendo que "no se judicialice la pobreza".

"No puede ser que nuestro hijos y nietos piensen que somos delincuentes. Creo que es necesario que el poder político tenga sentido común para generar normas que regulen la actividad y no directamente hacer leyes restrictivas. Sería bueno que los legisladores estuvieran debatiendo proyectos productivos y de generación de empleo, y no se estuviera discutiendo qué hacemos con las prostitutas y los vendedores ambulantes", aseguró un vendedor que concurrió a la reunión.

Mientras que otro vendedor pidió que "se legalice la actividad y se determine que haya un puesto por persona y tenga que ser dueña de la mercadería. Porque como hay una prohibición, el que coimea trabaja y el que no, no".

Un artesano de Plaza Francia solicitó que "no se diferencia entre una plaza y otra, porque se debe legislar en general. Además sostuvo que es necesario trabajar por lo menos cuatro días a la semana para que puedan darle de comer a sus familias".

Si bien casi todos los vecinos que hicieron uso de la palabra coincidieron en los reclamos hacia la Fiscalía y los diputados, se notó algunas divisiones. Están los vendedores ambulantes, los artesanos y también están aquellos que se denominan manualistas. Ellos piden no ser discriminados y ser considerados ciudadanos, pero se autodiferencian a la hora de las presentaciones.

En un solo caso, el de los artesanos de la Plaza Defensa, se pidió el Juicio Político a Cevasco, y eso que tanto en esta plaza como en la Julio Cortázar la Legislatura autorizó por 90 días el emplazamiento de artesanos.

Por último, Mandalunis aseguró que "en lo que hace a la venta ambulante pudo haber arbitrariedades de algunos fiscales, pero ningún fiscal pidió la detención de un menor. Los casos que fueron denunciados por el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes no tuvieron que ver con órdenes de la Fiscalía".