La PM allanó Edsullivan
La División de Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana, allanó esta tarde el sexto piso del edificio situado en Sarmiento 1371, desde donde operaba el sitio de internet de venta de películas truchas Edsullivan. En el lugar se encontraron 16.000 másters de títulos cinematográficos y un total de más de 50.000 copias (todavía no hay números finales).
Según se informó, había además 30 torres de grabación, donde replicaban el material que luego distribuían a domicilios particulares utilizando la modalidad de delivery. En el lugar trabajaban siete personas, que por disposición de la justicia fueron identificadas pero no quedaron detenidas.
En simultáneo, se realizó otro allanamiento en un video club de Hurlingam que alquilaba películas piratas. La PM señaló que la propietaria del video club es hermana de los responsables de Edsullivan.
Este sitio web ya estaba en la mira de la justicia, cuando la empresa de video Blockbuster, que ya no opera en el país generando varias demandas de sus ex empleados, había sido denunciado nacional e internacionalmente por competencia desleal. Las copias ilegales de DVD se vendían a 6 pesos cada una y las de blu-ray a 25. Los cobros los hacían mediante reembolso y tenían una amplia cobertura. El sitio facturaba alrededor de 20.000 pesos por día. Los pedidos se hacían a través del correo electrónico.
En el ámbito judicial interviene el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 13, cargo de Luis Alberto Zelaya, ante la Secretaría 140, a cargo de Juan Schabas Madueño.
Desde la Unión Argentina de Videoeditores (UAV) celebraron los resultados y a través de su presidente, Daniel Parise, adelantaron que pedirán al juzgado la clausura definitiva del sitio. Parise destacó el trabajo de la Metropolitana y se mostró confiado en lograr el apoyo de la justicia para terminar de una vez por todas con la venta ilegal de películas. El presidente de la UAV recordó que en el 2010, mientras el negocio pirata se duplicó pasando de $ 500 millones a $ 1.000 millones, el negocio legal decreció, de cerca de $ 400 millones a $ 240 millones poniendo en riesgo la fuente laboral de 25.0000 familias argentinas.
