Enríquez no quiere acuerdos con los homosexuales

El 8 de noviembre del año pasado el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmó un convenio con la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) por el cual ambos organismos se comprometen a reforzar y ampliar los alcances de programa y actividades orientados a la defensa y promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes relacionados con el desarrollo social, la capacitación, la investigación y el trabajo comunitario, poniendo especial énfasis en la protección de la salud, en el desarrollo de una sexualidad plena y facilitando la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños y las y los adolescentes.

También se estableció en el conveio el diseño de acciones o programas de cooperación, asistencia técnica, capacitación o desarrollo en todas las áreas de mutuo interés. Éstas tendrán como objetivo desarrollar actividades, que se concentrarán preferentemente en la creación de espacios de intercambio para la formación de recursos humanos, la reflexión y la investigación sobre políticas de infancia y adolescencia, y en la realización conjunta de estudios y proyectos sobre temas referidos a la defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a la lucha contra la vulneración de los mismos.

Como parte del mismo, SIGLA se compromete a poner a disposición del Consejo la consejería para adolescentes y jóvenes para prestar orientación y asistencia a las diversas problemáticas en sexualidad; realizar actividades de orientación y capacitación a los equipos profesionales en diversidad sexual; y difundir la Ley N° 114, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los servicios de protección del Consejo.

A raíz de este convenio el Consejo transferirá mensualmente a SIGLA la suma de 300 pesos, con el objeto de fortalecer su capacidad institucional, a efectos de dar cumplimiento a las actividades antes establecidas.

Al interiorizarse de este acuerdo, el diputado porteño Jorge Enríquez (UCR) manifestó su estupor y expresó que "una cosa es el ejercicio de la tolerancia en una sociedad abierta y pluralista, que significa que el Estado no debe entrometerse en los planes de vida de cada ciudadano, mientras no causen daño a terceros; otra, muy distinta, es promover entre los niños la familiaridad con prácticas y valores que no comparte la enorme mayoría de la población".

"No es ésa, ciertamente - prosiguió Enríquez-, la misión de la escuela. Aspectos tan delicados y tan íntimos deben ser tratados en el seno de cada familia, sin la injerencia compulsiva y totalitaria del Estado".

Según el legislador radical "ésta no es una medida aislada: se vincula con la desafortunada ley de uniones civiles, que intenta dar carácter matrimonial a las relaciones homosexuales. Se procura enseñarles a los niños que el matrimonio, tal como lo conocemos, la unión de un hombre y una mujer, es una convención como cualquier otra y que los roles de padre y madre no pertenecen al ámbito de la naturaleza social, sino que son construcciones jurídicas que el legislador puede ir modificando a su arbitrio".

"Es muy importante alertar a los padres sobre las consecuencias de este convenio -concluyó el legislador radical-, al que no se le dio ninguna difusión, pero que significará en la práctica una cabecera de playa para que hagan pie en la escuela pública, más allá de la opinión de los vecinos, prédicas que pueden confundir a niños de corta edad, que no han llegado aún a la madurez necesaria como para recibirlas con sentido crítico, y que constituyen un nuevo ataque a la familia".