Parrilli busca un escape jurídico
Concentrada en evitar la remoción, la defensa de la jueza Rosa Elsa Parrilli (acusada de amenazar y discriminar a dos empleadas del Gobierno porteño) buscará con lupa cualquier error procedimental para plantear la nulidad, en el caso que se inicie el juicio político.
En la descarga presentada el pasado miércoles en el Consejo de la Magistratura, Parrilli expresó críticas y anticipó el posible pedido de nulidad, al señalar que, hasta ese momento, los 24 candidatos a integrar el jurado de enjuiciamiento no estaban designados (los mandatos de los miembros en representación de la Legislatura se encontraban vencidos), y que por lo tanto, al inicio del proceso (según una visión jurídica sería la recepción de la denuncia, mientras otros consideran que es la firma del dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación con el inicio del expediente) no se cumplía con uno de los requisitos procedimentales para llevarla a juicio (contar con todos los miembros para constituir el jury).
De considerarse verosímil el planteamiento de la defensa de la magistrada, Parrilli podría librarse del juicio político y evitar su destitución por razones puramente formales. Pero desde la Justicia porteña y la Legislatura rechazan "rotundamente" esa posibilidad.
"Si el Plenario del Consejo de la Magistratura así lo resuelve, Parrilli será sometida a juicio político. Y si el Jurado así lo decide, por considerarla culpable de la comisión de una o más causas de remoción, expresamente definidas en la Constitución de la Ciudad, será destituida. La Legislatura de la Ciudad estuvo a la altura de las circunstancias y, el pasado jueves designó a los 8 miembros que la representarán en el jury. El proceso no está iniciado, ya que aún no se ha formulado la acusación", explicó a NU, un legislador porteño con profunda llegada en la justicia.
La Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura establece en su artículo 20 inciso 11 que es facultad del Plenario (y no de la Comisión de Disciplina) "decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura [?] formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, previo dictamen de la Comisión de Disciplina".
Los consejeros que integran la Comisión, Gabriel Vega, Teresa Moya y Liliana Blasi, deberán lograr uno o más dictámenes proponiendo al Plenario los caminos a seguir (sanciones disciplinarias o formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento) el próximo martes en su reunión semanal.
"Si la Comisión aconseja llevar a juicio político a la magistrada, y si el Plenario resuelve en el mismo sentido y procede a formular la acusación, todo eso ocurrirá con posterioridad a estar designados los representantes de la Legislatura. Lo que busca Parrilli es embarrar la cancha y dilatar los tiempos con la esperanza de lograr que los plazos se venzan gracias a discusiones jurídicas que tendrán un solo resultado, el rechazo del planteo de la jueza. Claro que si no hay voluntad política de removerla, y no creo que este sea el caso, podría por una discusión de formas no cumplirse con los plazos previstos en la constitución (90 días a partir de la acusación), archivarse el expediente, y evitarse una sanción política de fondo", comentaron fuentes judiciales.
