Estudian modificaciones al Régimen de Faltas
El Gobierno de la Ciudad remitió a la Legislatura porteña un proyecto para revertir la situación actual en materia de poder de policía, en la que las infracciones constatadas superan en diez veces la capacidad gubernamental para sancionar a los infractores. De acuerdo a los antecedentes presentados, de 2.876.138 actas de infracción sólo fueron procesadas por las autoridades 227.805 (es decir el ocho por ciento), mientras que 338.626 fueron pagadas en forma voluntaria, lo que implica un cuatro por ciento del total. En la mayoría de los casos las sanciones prescriben sin consecuencias para el infractor.
La iniciativa -que está siendo analizada por la Comisión de Justicia que preside el diputado Julio De Giovanni- contempla la modificación de las multas en pesos por multas en unidades de infracción, para evitar que el infractor sea favorecido por la inflación. En atención a la capacidad operativa del gobierno y cantidad de infracciones a procesar, la prescripción se extiende de uno a dos años. Y se agregan, como causal interruptiva, además de la notificación fehaciente de la infracción -algo que en la práctica suele ser evitado por quien sabe va a ser sancionado-, la resolución del controlador de faltas o sentencia judicial, aunque no se encuentre firme. También se limita la posibilidad del pago voluntario para que los reincidentes no puedan gozar del beneficio indefinidamente.
Además, el proyecto redefine infracciones relacionadas con el medio ambiente, como el mal tratamiento de residuos patógenos, y se crean nuevas infracciones, resultantes de nuevas situaciones; como cartoneros no registrados, aquellos que no cumplan con la normativa vigente en la materia; en especial quienes incluyan a menores en la recolección de residuos; transportistas de residuos que no los discriminen conforme la reglamentación, etc.
El plan gubernamental propone también la modificación de la ley 1217, para modernizar el procedimiento actual, optimizando los recursos humanos y materiales que hoy, desgraciadamente, y a pesar de un esfuerzo importante, se pierden, porque parece que a mayor cantidad de infracciones, el sistema sólo demuestra una mayor ineficacia.
El proyecto establece una instancia administrativa única, con revisión judicial posterior, predeterminando plazos ciertos para citar al infractor, y para que la autoridad administrativa dicte resolución. Los controladores se agrupan en dos organismos según la materia. La Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF), para procesar las
infracciones de tránsito y la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UAAFE) para el resto de las faltas.
Para el diputado Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) "la sucesión de dos gobiernos ibarristas nos dejaron como legado un Estado que convivía y toleraba la ilegalidad. Las infracciones que no tienen consecuencias crean un estado de inseguridad que se traslada a todos los ámbitos de la vida urbana. La sumatoria de pequeñas faltas multiplica el riesgo individual de cada una de ellas, hasta crear un verdadero infierno, en el que los Cromañones crecen como hongos. Los líderes políticos deben dejar la práctica de responder a esta situación de inseguridad, con esporádicos 'operativos', generalmente en el marco de procesos electorales. Y la sociedad debe tomar conciencia de que ninguna infracción a la ley es gratuita".
Enríquez aseguró: "Hay algunos aspectos que vamos a tener que estudiar a fondo, pero la iniciativa es positiva. Si antes el Gobierno tramitaba una de cada diez infracciones, tal vez después de estas modificaciones dupliquemos o tripliquemos su capacidad operativa. Queda aún un gran margen de inseguridad. Confío que éste plan será complementado por un programa gubernamental que avance hacia la prevención, sin esperar que el infractor cometa la falta para responder oficialmente".
Por su parte, el diputado Alejandro Rabinovich (ARI) afirmó que en su bloque están de acuerdo con el proyecto, en especial cuando se refiere a cuestiones de medioambiente y bromatología. Asimismo, sostuvo que "es necesario dotar de mayor cantidad de agentes, de modo que el Estado esté presente en aquellas cuestiones de seguridad urbana que se puedan prevenir".
Sin embargo, el Vicepresidente de la Comisión de Justicia también señaló que ven con cuidado el afán recaudador del proyecto que envió el Ejecutivo. "Nos oponemos al sistema de 'pague primero y luego quéjese', porque entendemos que esta es una figura que siempre juega a favor de aquellos que cuentan con mayores recursos a la hora de afrontar un proceso, y deja en un grado de indefensión importante a aquellos sectores más desprotegidos", concluyó.
