Antes de junio se deberá conocer la fecha de las elecciones comunales

Puntualmente, a las 20, la Legislatura comenzó la última sesión ordinaria del año 2006. Lo primero que se hizo fue tomar juramento a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. A las 20.05 juró frente al vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada el (a partir del 18 de diciembre ex) legislador Julio de Giovanni, quien aunque jugaba de local, no fue el que más aplausos se llevó ya que algunos llevaron barra propia. También juraron los nuevos miembros del Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad.

Sólo diez minutos duró la ceremonia de toma de juramento. Para la misma, juristas, camaristas, abogados, civiles y funcionarios arribaron a las 17 a la Legislatura, topándse con una centena de manifestantes de distintos sectores seguidores de Raúl Castells, miembros de la Cooperativa La Alameda y otros.

Luego de un breve cuarto intermedio se prosiguió con la sesión. Se aceptó la renuncia de De Giovanni (a partir del 18) y se aprobó la incorporación a la Cámara de su sucesor Abelardo García (Partido de la Ciudad).

Después de dos horas y media de sesión llegó uno de los momentos esperados de la noche, el tratamiento de la prórroga de la fecha de elecciones en las comunas. El bloque del ARI intentó que se aprobara su proyecto de que se eligieran representantes el 24 de junio de 2007 y que asumieran el 10 de diciembre de 2007, pero no lo lograron. Entonces, se aprobó que el límite del 31 de mayo de 2007 para la fijación de la fecha de las elecciones, pero quien las convocará es el jefe de Gobierno. Votación que no fue del agrado del ministro de Gestión Pública, Roy Cortina, quien se encontraba en el recinto y se mostró notablemente disgustado. La Legislatura tenía plazo hasta el 15 de diciembre para expedirse sobre este punto.

OTROS PROYECTOS APROBADOS

Los diputados también aprobaron la modificación a la ley 1251, constitutiva del Instituto de la Vivienda (organismo que sustituyó a la Comisión Municipal de la Vivienda), un proyecto del legislador Marcelo Meis, en lo referente a la forma en la que se adjudican las viviendas públicas y la posibilidad de presentar eventuales impugnaciones.

Por otra parte, la ley actualmente determina que en los "programas y acciones" del Instituto de la Vivienda "deben adjudicarse los inmuebles otorgando preferencia a las personas con necesidades especiales de escasos recursos que presenten el certificado contemplado en la normativa nacional". En cambio, el despacho de la Comisión de Vivienda prevé especificar más los programas en este punto al hablar de los programas "de urbanización de villas y Núcleos Habitacionales Transitorios y asentamientos en general".

Además, se dio sanción definitiva a la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca –en materia de vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas- impulsada por la diputada kirchnerista Ana María Suppa, que recoge la propuesta oportunamente formulada por un conjunto de organizaciones vecinales y sociales del barrio tendiente a revertir su actual estado de degradación.

Sobre esta ley de doble lectura (aprobada en primera instancia en diciembre de 2005 y sometida a audiencia pública en abril pasado) Suppa explicó que "permitirá recuperar terrenos y edificios privados deteriorados en desuso, a fin de transformar los espacios ociosos del barrio en viviendas dignas para sus vecinos, en una parte de la ciudad donde el déficit habitacional constituye un problema muy grave".

"Además de la propuesta formulada por las organizaciones vecinales y sociales –comentó la legisladora- esta ley incluye el proyecto que en este sentido presentó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Morón, justamente en convenio con dichas organizaciones, como así también la propuesta de renovación urbana de La Boca elaborada por el Centro de Gestión y Participación N° 4 correspondiente al barrio".

Sobre tablas se aprobó un proyecto de ley de la legisladora mandato cumplido y actual diputada nacional Paula Bertol (PRO, Capital Federal) que establece la obligatoriedad de contar con un libro de quejas, sugerencias y reclamos en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con atención al público y en locales privados que cuenten con servicio de atención al cliente o de post venta.

La Legislatura porteña aprobó además un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que requiere saber qué tipo de controles se realizaron en los puestos callejeros de venta de alimentos en el último semestre, y qué medidas fueron tomadas tras dichas inspecciones. Qué documentación acreditan los puestos de venta en la vía pública en relación a la mercadería que comercializan y cómo consta su procedencia, qué cantidad de inspectores son especialistas en bromatología y cuántos depósitos que almacenan mercaderías con destino a puestos de venta callejera se han habilitado en la Ciudad de Buenos Aires.

“La proliferación de venta ambulante que vemos en las calles porteñas es una consecuencia directa de la profunda crisis económica que atravesó el país. En el caso puntual de la venta de alimentos, debemos exigirle al Estado que intensifique los controles sobre las condiciones de higiene y salubridad, ya que es su obligación velar por la salud de todos los ciudadanos”, señaló el legislador Rabinovich (ARI), autor de la iniciativa.

Por otra parte, se aprobó un proyecto de ley de la diputada kirchnerista Beatriz Baltroc, que regulariza la situación de vecinos de Floresta, adjucatarios de viviendas construidas por cooperativas vinculadas a empresas constructoras inscriptas en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y en el marco de lo establecido en su momento por la ley 1056.

Según se expresa, el proyecto busca dar un solución al conflicto originado por diferencias en los valores originales de las licitaciones de las viviendas, que derivaron en la suspensión de los pagos de parte de los adjudicatarios y en las consecuentes acciones legales de desalojo de parte del Instituto de la Vivienda.

Al respecto, la diputada Baltroc sostuvo que "frente al déficit habitacional que sufre la Ciudad de Buenos Aires es imprescindible, no sólo garantizar al acceso al techo propio, sino también regularizar la situación de muchos vecinos que, confiados en el fomento desde el Estado de proyectos de construcción de viviendas, se vieron perjudicados en su buena fe".

En otro orden de temas, se aprobó el proyecto de ley de la diputada macrista Silvia Majdalani, que crea la “Casa Amiga", un sitio que se encargue de brindar asesoramiento, contención y servicios útiles gratuitos a mujeres que padezcan cáncer. La ley, que consta de nueve artículos, dice que serán beneficiarias todas aquellas pacientes que residan o no en el ámbito de la Ciudad y teniendo un diagnóstico oncológico se atienden en algunos de los centros de salud porteños.

La “Casa Amiga”, según el proyecto de la presidenta de la comisión Defensa de Consumidores y Usuarios, dará los siguientes servicios: atención de la salud mental individual, familiar y al grupo de pertenencia; musicoterapia; terapia ocupacional; expresión corporal; actividades culturales y brindar conferencias, charlas y debates abiertos a todo el público, sobre las distintas patologías oncológicas y sus respectivos tratamientos.

Al respecto, la diputada Majdalani dijo: “Lo mejor es la contención orientada por profesionales. Lo mejor, además del tratamiento adecuado, es poder recurrir a quienes saben y trabajan con este tipo de temas desde un abordaje multidisciplinario; y lo mejor, es compartir experiencias con quienes ya han recorrido parte del sinuoso camino de un tratamiento".

CON LOS BOSTEZOS ACOMPAÑANDO....

Cuando ya todos miraban hacia la puerta, a las 00.00 del día viernes 15, finalizada la aprobación en general del Código Procesal Penal, se trató el proyecto que prevé la creación de un Régimen de promoción Privada de la Cultura, una iniciativa de Rodrigo Herrera Bravo, Diego Santilli, Florencia Polimeni y Norberto La Porta, entre otros.

La ley, más conocida como Ley de Mecenazgo tenía varios dictámenes, pero finalmente se aprobó el que proponía que "éste estará destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales y lo aplicará el Ministerio de Cultura. Este régimen es aplicable a personas físicas o jurídicas que financien con aportes dinerarios y no dinerarios, proyectos culturales de interés para la Ciudad. Considerándose un porcentaje de tal financiación como pago a cuenta del mencionado impuesto".

Es patrocinador todo aquel contribuyente del Impuesto que contribuya y relacione su imagen o la de los productos con el proyecto patrocinado.

Es benefactor, todo aquel contribuyente que contribuya y no relacione su imagen o la de los productos con el proyecto patrocinado.

El monto máximo a compesar no podrá superar el 1,10% del monto total percibido por el Gobierno de la Ciudad, en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos .

A pesar del muy enérgico discurso de Héctor Bidonde, de un alto tono de Juan Manuel Olmos y de una moderada Gabriela Michetti y de unos cautos Herrera Bravo y Fernando Cantero, los bostezos no vencieron y todos debieron presenciar los últimos discursos, a cargo de Beatriz Baltroc, Florencia Polimeni, Diego Santilli y Diego Kavetz, hasta que la ley fue finalmente aprobada.