Otro no judicial a Macri
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Fernando Lima, resolvió conceder un recurso de amparo presentado por ATE y dictar como medida cautelar, "la suspensión de los efectos de la Resolución 45" dictada por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno porteño, "hasta tanto recaiga decisión definitiva y firme en la presente acción . La resolución cuestionada, había sido firmada el 13 de agosto pasado por el subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, Alejandro Speroni, y tenía como objetivo obtener de los trabajadores, mediante la presentación de una declaración jurada, información sobre si poseían "otro empleo en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado o gratuito, en cualquier dependencia pública o privada", como así también el horario y datos de sus otros empleadores (de falsearse la información o no cumplir con la presentación, se consideraría una falta grave).
"En una actitud policial, nos querían obligar a decir qué hacemos fuera de la actividad pública. Por esta razón hicimos una presentación judicial", comentó a Radio América, el secretario general de ATE Capital, Rodolfo Arrechea.
La medida administrativa que se esperaba llevar a cabo, estaría íntimamente relacionada con la intención del Gobierno porteño de informarse sobre los casos en los que los trabajadores contaran con más de un trabajo, para definir despidos.
"Para fin de año, hay unos 4 mil trabajadores a los que no se les renovaría en contrato", remarcó el dirigente gremial.
"La adopción de una medida como la atacada aparece ora como impropia ora como superflua", expresó el Magistrado en los fundamentos de su resolución. "Ya en una primera lectura llama la atención que una medida como la reseñada sea dispuesta por un funcionario del rango de quien la dictó. Es que, en el artículo 6º de dicha resolución llega incluso a preverse que la falta de presentación de la aludida declaración jurada constituirá ?falta grave?. Así, lo que parece verificarse en el caso es el establecimiento de una regulación que podría afectar derechos de tan alta valía como los contemplados en los artículos 18 y 19 de la Constitución nacional (en particular y especialmente lo que tiene que ver con la privacidad e intimidad), ya no por ley en sentido formal (sabido es que todos los derechos son susceptibles de una reglamentación razonable) sino a través de la actividad de la Administración", remarca el titular del Juzgado Nº 12 CAyT.
"La voluntad administrativa de violar el derecho a la intimidad de los trabajadores persigue fines de control y eventualmente de reducción presupuestaria", subraya la presentación de ATE.
La preocupación de Arrechea por la continuidad laboral de miles de empleados se sustenta en dificultades para cobrar los salarios en tiempo y forma y en la inestabilidad de los trabajadores contratados.
"No sabemos si van a seguir trabajando a fin de año. Tenemos diálogo con el sector de Hacienda, pero Mauricio Macri no nos recibe. Una sola vez estuvimos reunidos con Larreta y después no hubo continuidad. Este lunes vamos a tener un plenario para decidir alguna medida de fuerza para que el Gobierno pague los sueldos. No sólo no cobraron los profesionales de la ex Casa Cuna, tampoco los enfermeros que contrataron por la Gripe A: son 1.500 enfermeros", concluyó.
