El juicio: el alegato del fiscal
Tras 23 días de audiencias en la misma sala donde se desarrolló el juicio por el atentado a la AMIA, en el subsuelo de los Tribunales de Comodoro Py, barrio de Retiro, acondicionada con vidrios blindados ("la pecera" la llaman los imputados) y rejas, se escuchará este miércoles 25, poco después de la 15 (inicialmente estaba pautado para las 13 pero se espera la llegada de dos testigos), el alegato del fiscal Juan Ghirimoldi por el juicio oral y público por los incidentes ocurridos en la Legislatura porteña el 16 de junio de 2004. Según explicaron familiares e imputados se enteraron imprevistamente de la realización del alegato. "Nosotros teníamos previsto una movilización para mañana (por el jueves 26) pero se adelantó el alegato de manera imprevista", comentó uno de los familiares de los presos a NOTICIAS URBANAS, que además especula que el adelantamiento de la defensa del fiscal se realizó para evitar la presencia de medios de comunicación.
A partir del alegato del fiscal se sabrá si el responsable de la acusación sostendrá la serie de cargos (coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, daños calificados y resistencia a la autoridad) que por los testimonios aportados de los policías, el casi medio millar de empleados de la Legislatura y diputados porteños esta lejos de comprobarse.
La diputada Beatriz Baltroc se acercó hasta los tribunales este miércoles y declaró que los ataques a la Legislatura partieron de un grupo desconocido que no tienen relación con las organizaciones de vendedores ambulantes y de trabajadoras sexuales que ella conocía por haberlos recibidos en varias oportunidades en su despacho. La declaración fue tan precisa que nadie realizó pregunta alguna.
El vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, asentó a través de un escrito presentado al tribunal que la sesión de aquel 16 de septiembre de 2004, cuando se trataba la reforma al Código Contravencional para penalizar la venta callejera y la oferta de sexo en la vía pública, se suspendió por una decisión política y que nunca se sintió coaccionado ni privado de su libertad.
También la legisladora porteña Silvia La Ruffa envió un texto en el que asegura no haberse sentido coaccionada y sí reconoció mantener una discusión acalorada con Meira "pero nadie me agredió", figura en la página web lavaca.org. Dos de los imputados Margarita Meira, vendedora ambulante en plaza Constitución, y Jorge Nievas, transformista, habían sido detenidos y procesados por el testimonio de dos efectivos policiales que aseguraron le habían pegado a una diputada que no mencionaban, pero cuya descripción apuntaba a La Ruffa.
La acusación que pesa sobre 14 personas, en su mayoría vendedores ambulantes, las cuales se vieron privadas de la libertad durantes un año y dos meses en las cárceles de Devoto y Ezeiza, fue impulsada por la jueza de instrucción Silvia Ramond y el fiscal Claudio Soca.
