Siguen sin regular la venta de alimentos y bebidas en la vía pública

La última norma que regula la comercialización de alimentos y bebidas en la vía pública es una ordenanza que se refiere únicamente, y en forma confusa, a la venta de garrapiñadas, maníes y pochoclos, por lo que hace un año el diputado porteño Atilio Alimena y la Secretaría de Gobierno y Control Comunal de la Ciudad presentaron, por separado, proyectos de ley para regular la actividad. De ambas iniciativas surgió un despacho parlamentario que no pudo ser tratado en la sesión de este jueves, debido a que una vez más el nuevamente postergado debate por la Ley Seca frustró la sanción de otros proyectos.

A través de un comunicado de prensa emitido antes de la malograda sesión, la Asociación de Vendedores Independientes de la Vía Pública de la República Argentina (AVIVPRA) había manifestado su apoyo al proyecto y había expresado que su aprobación "permitirá a quienes elegimos trabajar en la legalidad contar con un permiso para el desarrollo de la actividad, cortando así las posibilidades a toda organización mafiosa que pretenda seguir usurpando el espacio público en provecho propio y en desmedro de quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires".

"A estas organizaciones -agregaba la AVIVPRA - que usufructúan el espacio publico se les termina el gran negocio que para ellos representa la calle. Por lo tanto, nosotros repudiamos las acciones de quienes se oponen a un ordenamiento pues éstos no defienden una fuente de trabajo sino que defienden intereses personales que no son los de los vendedores de la vía pública".

Entre otras cosas, el proyecto permite el otorgamiento de permisos sólo a quienes acrediten tener dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires y no tengan a familiares de tercer grado trabajando para el Gobierno porteño. De esta manera, se intenta evitar que los punteros políticos tengan una cadena de puesteros trabajando para ellos.

Los permisos se darán por un plazo de un año y serán renovables solamente por una vez, por lo que quienes quieran continuar trabajando luego del segundo año deberán concursar nuevamente para adquirir la autorización estatal. En esa selección tendrán prioridad, entre otros, los jefes y jefas de hogar desocupados, los discapacitados, los antiguos permisionarios y los ex combatientes de Malvinas.

En la iniciativa, además, se proponen una serie de predios en los que podrían trabajar los puesteros. Ninguno de ellos tiene una superficie inferior a dos hectáreas, pero este punto podría ser cambiado: podría permitirse que trabaje un puestero por hectárea o bien podría incluirse cualquier texto que sea un poco más permisivo.

Donde no serían permisivos los legisladores sería en la prohibición de instalar puestos fijos, ya que entienden que los vendedores pueden trabajar igualmente en instalaciones semimóviles, a la vez que se evitarían usurpaciones del espacio público.

Tampoco cederían en la detallada regulación de las condiciones higiénicas prevista en el proyecto de ley. Allí se detallan qué alimentos pueden ser cocinados en los puestos y cuáles no, y se establecen los certificados de salubridad e higiene que deben poseer.

Asimismo, en la iniciativa parlamentaria se fijan los montos que deben pagar los puesteros por el permiso, los cuales rondan entre 50 y 500 pesos por mes, según el tamaño y las características de cada puesto.