Crece la polémica por la Ley de Discapacidad
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifestó su más absoluto repudio hacia el tratamiento legislativo del proyecto de ley que "pretende reglamentar el artículo 43 de la Constitución de esta Ciudad, respecto al cumplimiento del cupo laboral reservado para personas con necesidades especiales".
La iniciativa se basa en un proyecto del diputado Ricardo Busacca (Juntos por Buenos Aires) de Ley de Sistema de Protección de Empleo para Personas con Necesidades Especiales; de la diputada Sandra Bergenfeld de ley de Creación del Registro de Postulantes Laborales con Necesidades Especiales y de Empleadores (Juntos por Buenos Aires); de la diputada Alicia Bello de Ley de Regulación de la Garantía Constitucional de Empleo para Personas con Necesidades Especiales (Compromiso para el Cambio); del diputado Juan Manuel Velasco (Espacio Plural) de Ley de Creación de la Comisión de Seguimiento de Políticas Activas de Inclusión Laboral de Personas con Necesidades Especiales; y de la diputada Mónica Bianchi (Autonomía Popular) de Ley de Incorporación de Personas con Necesidades Especiales como Agentes de Organismos Dependientes de los Tres Poderes de la Ciudad.
El proyecto consensuado tiene por objeto regular la incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires a fin de dar cumplimiento al cupo del cinco por ciento dispuesto por el artículo 43º de la Constitución de la Ciudad, que reconoce el derecho de inclusión laboral y asegura un cupo del cinco por ciento del personal para personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine". Además, dispone que: "En todo contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al sector privado, se preverá la aplicación estricta de esta disposición".
Pese a las críticas realizadas a la iniciativa, la diputada Bianchi sostuvo que "la Comisión de Legislación General trabajó muchísimo y conseguimos sacar un excelente proyecto consensuado con el Poder Ejecutivo que consiste en crear un registro de aspirantes de los tres poderes para que puedan anotarse todas las personas con discapacidad que quieran trabajar. En el caso de que se produzca una vacante o haya un concurso, van a poder participar y a igualdad condiciones o de puntaje se le dará preferencia a la persona con discapacidad".
"A su vez -agregó la diputada- cada uno de los poderes va a tener que exhibir en una página de Internet un Registro de Trabajadores con necesidades especiales. Deberán publicar el total del personal por área y las personas con discapacidad empleadas, para que la ciudadanía en general pueda controlar si el Gobierno de la Ciudad cumple con la ley".
Borrelli, presidente de la Comisión de Legislación General y de Trabajo, "existían una serie de iniciativas relacionadas con este tema y nunca se había llevado adelante ningún esfuerzo tendiente a reglamentar este artículo de la Constitución. Es decir ya llevábamos ocho años sin que se diera satisfacción a una inquietud de estos sectores de tener esta norma habilitada. Lo que nosotros hicimos fue tratar de armonizar los distintos proyectos y consultamos a las distintas organizaciones que están vinculadas a esto".
Por su parte, Antonio Cóppola, presidente de la Comisión para la plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE), explicó que "las críticas son básicamente porque el proyecto no contempla al personal contratado, pero no había consenso en la Legislatura para establecer el cupo en este sector también. Es el único proyecto posible y es un primer paso".
Cóppola sostuvo, además, que "la REDI tiene todo el derecho del mundo a protestar si es que considera que no es buena la iniciativa. Sería muy bueno que esta organización participe del Consejo Consultivo Honorario que se está por formar, último paso para la consolidación de la COPINE".
Por último, aseguró que "ante la eventualidad de la apertura de concursos en la administración pública porteña, era bueno tener una herramienta que permita el cumplimiento de este mandato constitucional. Además la norma asegura la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, otorgándoles prioridad para su reubicación, cuando pasen a disponibilidad como consecuencia de la reestructuración o disolución de las dependencias en donde prestan servicios".
