Continúa la polémica por las declaraciones juradas de los legisladores

Este jueves los legisladores porteños utilizaron el espacio de manifestaciones para referirse a un tema que cobró mucha publicidad en los últimos días, a raíz de una nota publicada en un matutino porteño donde se hacia referencia a una presentación judicial realizada por la ONG Democracia Representativa en la que se pedía que se les exigiera a los 60 diputados la exposición de sus declaraciones juradas, "tal como establece la Ley de Acceso a la Información".

El primero en hacer uso de la palabra fue el presidente del bloque Juntos por Buenos Aires, Jorge Mercado, quien señaló que "esta asociación, lo dice en la página, aclara que son asesores de las diputadas María Eugenia Estenssoro y Mónica Bianchi, y la verdad es que ahí no habría mayor inconveniente. Uno podría preguntarle a las diputadas cuál es el fin que persigue esta asociación y ahí nos podríamos enterar cuál es, porque yo no lo conozco. Una colega dijo en un medio que ella cumplía con la ley, que iba por la transparencia. Yo le digo a la diputada que no violé la ley, porque los 60 legisladores cumplieron en tiempo y forma con la presentación de su declaración jurada en la Junta de Ética y de Organismos de Control".

El diputado macrista sostuvo, además, que "todos aquéllos que venían con la bandera de la transparencia, que armaron una alianza nacional, no nos olvidemos cómo terminaron. Por eso digo: cuidado con estos mensajes de transparencia a los que se quieren subir algunos colegas cuando ven que aparece la presa y, como buitres, bajan para argumentar su transparencia o su permanencia en la política. Ojalá algún día la ciudadanía comience a valorar nuestro trabajo legislativo, en vez de mostrar que somos decentes como una cuestión meritocrática. Por eso, me pregunto: para hacer el manual del legislador, ¿para qué necesitan nuestras declaraciones juradas?".

"Seguramente -agregó- esta organización debe tener las mejores intenciones, pero yo no los conozco, no les voy a dar la dirección de mi casa. Yo cumplí la ley al presentar mis datos en la Junta de Ética, y cumplí cuando fui a pagar mis impuestos. Tenemos que trabajar para mejorar la redacción de la Ley 104 porque, en todo caso, si existiera un mecanismo por el cual todas estas asociaciones estuvieran registradas, mostraran los antecedentes de sus integrantes, y me dieran la seguridad que tienen como fin mejorar la relación entre la comunidad y la política, yo tendría la tranquilidad de que mi información no se va a vender como una base de datos ni se va a utilizar en otras cuestiones".

Por su parte, Mónica Bianchi (Autonomía Popular) dijo que "acá interviene un tema legal y un tema moral. Considero que los diputados debemos ser lo más transparentes posibles. Más allá de modificar o no la Ley 104, lo cierto es que hoy en día está vigente. Es verdad que uno de los chicos es asesor en mi despacho, trabajó conmigo en el Gobierno de la Ciudad, pero no implica que no pueda participar en una organización no gubernamental".

El diputado Ariel Schifrin (Confluencia), en tanto, aseguró que "los trabajadores de la Legislatura tienen derecho a militar en política, a integrar una ONG, a tener un pensamiento social y político. Es algo que nunca vamos a impedir, tengan o no tengan razón. Con respecto al fondo del tema, creo que así como nosotros reclamamos una conducta al Consejo de la Magistratura, deberíamos permitir que, estando de acuerdo o no, se nos exija esta información".

Norberto La Porta (Partido Socialista) aseguró que "la libertad de expresión es un principio consagrado no sólo para los diarios, sino para todos los ciudadanos de nuestro país. Sería bueno que alguna vez las políticas editoriales, sobre todo de estos diarios, que son auténticas empresas periodísticas, admitieran este principio y lo otorgaran a los ciudadanos cuando se sienten afectados en su honor, ejercer el derecho a réplica. Hay otro principio esencial en una república que se pretende democrática y es que nadie es culpable hasta tanto se demuestre lo contrario".

"Pero me da la impresión -añadió- de que a veces se intenta actuar invirtiendo la carga de la prueba. Este artículo ha motivado una encuesta del mismo periódico que ha generado una reacción preocupante para este Cuerpo, aproximadamente el 95 por ciento de quienes participaron en la encuesta señalan que quienes no contestaron el pedido de esta ONG fue porque no son capaces de explicar el origen de su patrimonio".

El diputado socialista también manifestó que "la verdad es que a mí me sorprende que estos periódicos no se hacen cargo nunca de ningún proyecto de ningún diputado por bueno que ese proyecto sea, y no se hacen cargo de acciones que se desarrollan dentro de esta Casa, que la prestigian ante los ojos de la comunidad, como es el caso del Congreso de Escritores que llevamos a cabo la semana pasada. A veces pienso que se cuida poco a las instituciones, y que quienes siembran así, al boleo, la duda sobre las instituciones y sobre quienes la integran no hacen otra cosa que ayudar al desprestigio de las mismas".

La presidenta del bloque Unión para Recrear Buenos Aires, Fernanda Ferrero, expresó que "seguramente, si se hubieran presentado correctamente, hubiera podido hablar con ellos, no hubiera tenido problema en darles mi declaración jurada como lo hice en otras oportunidades. Pero la forma, el desmerecer a la institución en temas de estas características, es lo que hace que las instituciones estén en el lugar que están. Nosotros debemos defenderlas, pero no desde un formulario, sino pidiendo que se informe sobre muchísimas otras cosas que también se hacen en esta Legislatura y se hacen muy bien".

En tanto, Beatriz Baltroc (presidenta del bloque Autonomía Popular), aseguró que "todos tenemos el derecho de presentar o no una declaración jurada a una ONG pero tenemos la obligación de hacerlo ante el Estado, obligación que fue cumplida por los 60 legisladores. Me parece que la Junta de Ética o la Legislatura deberían tener abierta esta información para que las organizaciones o los particulares puedan tener acceso a estos datos".

Milcíades Peña (Confluencia) aclaró: "Yo fui uno de los diputados que presentó la declaración pero tranquilamente podría no haberla presentado. Respeto absolutamente a los colegas que no lo hicieron porque donde tenemos que presentarlas por ley es en otros lugares. Yo nunca voy a olvidar que esta Legislatura hizo algo para mí trascendente y motivo de orgullo, como fue materializar el sorteo para la renovación parcial de los mandatos; sin embargo, me causó gran dolor el tratamiento que le dio la prensa a este tema. Nosotros -que muchas veces con nuestro comportamiento ayudamos a generar dudas- en verdad estamos tratando recorrer un camino de reconciliación con la ciudadanía".

Mientras que Ricardo Busacca (Juntos por Buenos Aires) señaló que "en la página web de esta organización se aclara que, cuando habla del programa manual legislativo, habla de la entrega de un formulario para ser llenado de manera voluntaria por el legislador. Es decir que esta ONG tenía claro que iba a recopilar datos de los legisladores y que esto iba a ser voluntario. Pero ahora parece que, porque algunos no quisieron dar los datos pedidos, por poco tenemos que enfrentar un pelotón de fusilamiento".

Así como afirmó: "Me causaron disgusto algunas declaraciones que escuché en algunos medios, donde algunos diputados hicieron de juez y parte en el tema y con sus imprudentes declaraciones alimentaron la sospecha del periodista y dejaron mal parados a los demás colegas. Esta no es la primera vez que se toman este tipo de actitudes, ya que tiempo atrás veíamos cómo, en un importante diario, decía un diputado que 'menos mal que la gente no sabe qué es lo que pasa acá porque vendría a prenderle fuego a la Legislatura', cosa que sucedió un tiempo después. Cuidado, porque cada vez que dinamitamos este edificio, los ladrillos se nos caen encima de nosotros".

Noemí Oliveto (Autodeterminación y Libertad), por su parte, dijo: "Nosotros no hemos dado a conocer nunca nuestro patrimonio personal a organizaciones como Poder Ciudadano porque no consideramos que pudieran ponerse en un lugar de ética, por ese motivo nos parece equivocado que alguien se ponga en el lugar de la moral, del que tiene que juzgar. Yo no considero que este Cuerpo no tenga la obligación de darle toda la información a la población, sino que deberían haber mecanismos de participación donde la gente verdaderamente pueda tener acceso a esto".

Aunque legisladores de casi todas las extracciones políticas destacaron la labor que llevó a cabo tanto el presidente de la Junta de Ética, Juan Carlos Lynch, como su director, Miguel von Rozenberg, el diputado Lynch prefirió realizar algunas aclaraciones: "Nosotros hemos respetado lo que establece la Constitución de la Ciudad, el Reglamento Interno de la Legislatura y hemos recibido, como corresponde, la solicitud de esta ONG y hemos respondido que no nos corresponde entregar documentación que consideramos reservada. Pero ante este requerimiento de esta organización, la Junta decidió notificar a todos los legisladores que podían comunicarse voluntaria e individualmente con la ONG".

"Ahí terminó nuestra gestión -agregó- pero ahora nos vemos involucrados en un tema judicial a lo cual vamos a responder por la vía que nos han impuesto. De todas maneras, sigue siendo criterio de la Junta que la entrega de las declaraciones juradas es un prerrogativa personal que cada uno debe resolver ante un pedido de terceros. Solo procederíamos a suministrar esta información a raíz de un requerimiento judicial por algún ilícito o por otra causa que la Justicia considere pertinente".