Allanaron 14 talleres clandestinos

Ninguna de las personas que vienen denunciando la esclavitud en los talleres textiles podía creer que este jueves, de los 14 talleres allanados por orden del polémico juez federal Norberto Oyarbide, se iban a encontrar tan flagrantes violaciones a los derechos laborales y humanos.

En uno de los 14 talleres NOTICIAS URBANAS pudo ingresar. Murguiondo 774, muy cerca del Hospital de Agudos Francisco Santonajanni, fue el lugar donde efectivos de Gendarmeria Nacional ingresaron, sin forzar ninguna puerta, para verificar en que condiciones laboran los costureros.

A las 11 un efectivo verde oliva, o sea un gendarme, tocó el timbre del taller. Una cámara apostada en la calle filmaba el ingreso. Sin embargo la tecnología no fue útil para que se percataran que en realidad ese hombre allí parado no era una persona cualquiera. Una vez ingresados los gendarmes se sumó el testigo que ingresó junto al responsable de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Mario Ganora, encargado de canalizar las denuncias relacionadas al trabajo esclavo.

Allí 22 costureros trabajaban, en su mayoría de origen boliviano, exceptuando una ecuatoriana y una argentina. Todos los trabajadores en un primer momento, con el ingreso de los efectivos, se atemorizaron. Los hombres vestidos de verde oliva ingresaron rápidamente y con pistolas en mano. Al no presentarse ninguna resistencia los gendarmes guardaron sus armas y dieron paso a la lectura del acta de allanamiento.

Los costureros, todos ellos mayores de edad, dejaron automáticamente de trabajar. Al levantarse de sus asientos se podía apreciar que casi todos vestían ojotas de calzados. Ninguno de ellos intento fugarse y con el paso del tiempo fueron perdiendo el temor.

A los 20 minutos de producirse el allanamiento llegan los patrones. Una coreana, supuestamente la capataz que vivía en un cuarto con una puerta de reja semejante a un calabozo, y su ex marido un coreano. El patrón había llegado en ese momento en una camioneta Renault blanca en la que llevaba telas y en la que seguramente hace el reparto a muchos de “locales de la calle Avellaneda”, como la marca “Vago’s, Zanahoria”, entre otras que se veían en cintas y prendas.

Luego de franquear la puerta de ingreso al taller se veía un pequeño baño. Algunas bolsas, con cebolla y calabaza, estaban allí apiladas como también ropa para lista para despachar y tablas para preparar camas o cuchetas. Una puerta corrediza de metal y madera aglomerada era la separación con el inmenso taller donde trabajaban 22 personas hasta este jueves. Los tres matafuegos del lugar estaban con fecha vencida.

A primera vista el inmenso taller demostraba una respetable instalación eléctrica, que igual no contaba con disyuntor pero sí con luz de emergencia y los cables bien protegidos, aunque lo por estaba por verse.

Ropa y bolsos colgaban de un hilo en el pasillo. A los costados estaban las 20 camas, todas ellas de estilo marinera y con sus respectivos colchones y sábanas. Los cuartos son pequeños y están separados con madera aglomerada. Por debajo de las llamadas cuchetas se podía apreciar zapatillas y ropa. Los posters de mujeres exhuberantes y con poca ropa corroboraban que allí hacían más que dormir una hora.

Los costureros, tres de ellos sin documentación y los demás en trámite de residencias precarias, primero negaron que allí se quedaran a dormir, sólo estaban colocadas las camas para dormir la siesta luego de almorzar. Finalmente, uno de ellos reconoció que efectivamente dormían algunas noches “porque no les convenía irse hasta sus casas que quedan muy lejos, en provincia”.

Una cocina y algunos baños con duchas completaban el escenario, como manifestó el funcionario de la Defensoría del Pueblo, de que allí vivían no sólo trabajaban a destajo por 800 pesos al mes sin ningún respeto a las normas laborales.

Lo curioso del allanamiento en Murguiondo 774 es que, hace un mes, el lugar había sido inspeccionado por funcionarios porteños que simplemente habían marcado deficiencias en la seguridad del lugar.

De todos los operativos participó también la Dirección de Migraciones, y Gobierno de la Ciudad a través de la Subsecretario de Trabajo y la Dirección General de Fiscalización y Obras. Los funcionarios del área de Derechos Humanos y Sociales estuvieron ausentes para asistir a las víctimas de explitación, que se quejaron frente a Mario Ganora de perder el trabajo y no tener con quedar de comer sus hijos o pagar el alquiler donde viven.

En la calle Ramón Falcón 3177 la sorpresa fue mayor. Gracias a un caño que salía vapor, un miembro de la Defensoría se percató de que había algo allí además del humo. Detrás de una tapia había cerca de 60 bolivianos trabajando en un taller subterráneo. Y la sorpresa retomó a los presentes y testigos cuando uno de los talleristas comentó que producían ropa militar para Gendarmeria.

Las condiciones en Ramón Falcón eran pésimas. Según personas presentes del allanamiento los dueños del lugar eran también de nacionalidad coreana.

Otros de los talleres con fachada de casa particular fue el ubicado en Rafaela 3741. Allí también se encontraron con decenas de bolivianos trabajando fuera de toda ley. Lo particular de este allanamiento fue la presencia de un dirigente boliviano, de apellido Nogués, quien filmó y sacó fotos del procedimiento pero que se retiró a la brevedad cuando se lo señaló como involucrado en la explotación a los costureros. Efectivos de la comisaría 40 intentaron entorpercer la operatoria del juzgado pero efectivos de Gendarmería se lo impideron.

En total se incautaron 203 máquinas de coser y en un primer momento 17 personas fueron detenidas, luego de un par de horas, Salzar Nina, dueño del taller en la calle Laguna 940, que había sido allanado en octubre de 2005 y a quien el juez federal Daniel Rafecas le devolvió la maquinaria hace una semana, fue liberado junto a otro de sus socios.