“Macri no puede coordinar tres ministerios”
?El ministerio de Hacienda financia, el Ministerio de Salud diseñó las mejoras y el Ministerio de Desarrollo Urbano ejecuta. Ninguno de los tres ministerios se pone de acuerdo y entre sí se echan la culpa por no avanzar en la obra del Hospital Alvear. Esto quiere decir que el jefe de Gobierno no los puede coordinar. La responsabilidad de no cumplir el amparo es de Macri?, aseveró a NOTICIAS URBANAS el asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, a los minutos de finalizar la inspección ocular que realizó junto a una jueza sobre el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.
La inspección en realidad no comenzó producto de los testimonios entre empleados relevados por la jueza Andrea Danas, quien ante lo evidente del no avance de obras decidió dar por concluida su visita y esperar hasta el viernes cuando el Ejecutivo deba presentar un nuevo programa de obras por el hospital ubicado en el barrio de Chacarita.
En el 2007 la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad avaló la sentencia de primera instancia que ordenó cuatro puntos al Ejecutivo. Las obras, la incorporación de personal, evitar la sobreocupación de pacientes y la presentación de un plan contraincendio con un plan de evacuación.
?Nunca hubo informe trimestrales por el gobierno de la ciudad sobre el avance de las obras. Claro porque en todo el año pasado no avanzaron las obras. La Legislatura les dio plata pero subejecutaron 430 mil pesos y esto es gravísimo porque al no usarse el total de los tres millones ochocientos mil pesos la plata vuelve a Rentas. Ni siquiera fue aprobado el plan de evacuación y aún falta incorporar doce enfermeros?, concluyó Moreno ante este medio.
El amparo por los pacientes psiquiátricos del Alvear tiene una sinuosa trayectoria en el Poder judicial local. Comenzó en el 2006 con el juez Guillermo Treacy. En el 2007 la sentencia fue dictada por Juan Cataldo y luego avalada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso. Desde entonces que el gobierno no puede saldar la deuda social que lo obliga a cumplir la justicia capitalina.
