Podrían postergarse las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires
Tras la calma aparente que se produjo tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño acerca del adelantamiento de las elecciones para el ocho de junio, le sucedería, en poco tiempo, una tormenta de impredecibles consecuencias.
En una serie de reuniones que se realizaron en los últimos días comenzó a gestarse un panorama que fue virando de una callada aceptación a una cada vez mayor convicción de que la realidad puede cambiar. Salvo el bloque macrista Juntos por Buenos Aires, a todas luces los únicos beneficiados por la medida de Ibarra, todos conspiran contra el Decreto 180, aunque -sólo por ahora- en forma subterránea.
El argumento de los partidarios del jefe de Gobierno -que conocen del tenor de las conversaciones y no desdeñan, inclusive, de participar en algunas de ellas- es que Ibarra podría -según marcan encuestas y tendencias- ser el gran perjudicado por la medida que él mismo tomó.
Por eso se comenta en los mentideros que existiría una salida elegante para el bloque del Frente Grande: garantizar los 31 votos dando quórum, pero votando posteriormente en contra de la derogación del decreto cuestionado. Lo mismo que hicieron cuando la Legislatura aprobó la Ley 875, que separó las elecciones nacionales de las distritales.
LA JUGADA DE PATRICIA BULLRICH
En sintonía con el accionar silencioso de los conspiradores, la candidata a jefa de Gobierno de Unión por Todos, Patricia Bullrich, decidió blanquear la situación presentando un recurso de amparo por el que solicitó la inconstitucionalidad del decreto 180. La presentación quedó radicada en el Juzgado Nº 6 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Patricia López Vergara.
Este jueves a las 15:30, además, Bullrich convocó a una conferencia de prensa -que posiblemente se desarrollará en la Sala de Prensa de la Legislatura porteña- junto con los diputados Pablo Caulier y Fernando Caeiro, en la que anunciarán la presentación de un proyecto legislativo en la misma dirección que el recurso de amparo.
LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS SON DIVERGENTES
El diputado Héctor Costanzo (UCR) minimizó la acción de Bullrich. "Es una picardía política de poca monta -arguyó-. No se puede pedir la inconstitucionalidad de un decreto que no vulnera ni los derechos de los porteños, ni el espíritu de la Ley 875, ni la Constitución".
El diputado Jorge Mercado (Movimiento Generacional Porteño) señaló que "por el momento no tenemos fijada una posición al respecto, pero estamos trabajando con nuestro equipo legal para evaluar si el decreto es legal o no. Reconozco que la fecha nos ha sorprendido porque es muy cercana a las elecciones nacionales. A los partidos minoritarios nos ha perjudicado esta decisión, porque ha desarticulado nuestros proyectos, que habíamos pensado para unos comicios en septiembre u octubre. De todas maneras, tenemos que ver como vamos a actuar sobre este tema".
Por su parte el legislador macrista Oscar Moscariello (Partido Demócrata Progresista) aseguró que "la presentación de un proyecto en la Legislatura, por el cual se establece la inconstitucionalidad del decreto 180/03, me parece una aberración jurídica hecha para montar un escenario político porque por una ley del Parlamento no se puede derogar un decreto del jefe de Gobierno, aunque por vía judicial eso es posible. Considero que, si bien es verdad que la fecha elegida desvirtúa el espíritu de la ley de desdoblamiento de las elecciones, es una atribución que tiene el Ejecutivo, por lo cual no tenemos objeciones al respecto. Nosotros estamos preparados para las elecciones".
El presidente del bloque socialista en la Legislatura porteña, Raúl Puy, sostuvo que "yo no veo la inconstitucionalidad del decreto, porque cuando se aprobó el desdoblamiento -con el que no estuve de acuerdo- no se fijaron plazos entre una elección y otra. Lo que sí puede ser razonable es que si Ibarra pierde, el período de transición entre un jefe de Gobierno y otro puede atentar contra la gobernabilidad. De todas maneras, ese razonamiento es de índole política y no judicial. Igualmente nosotros consideramos que el adelantamiento de las elecciones está hecho con un sentido electoralista, que no va a permitir a los candidatos discutir seriamentre sobre los temas de la Ciudad, y fue decidido únicamente porque Scioli se bajó de la candidatura a jefe de Gobierno".
La diputada Vilma Ripoll (Izquierda Unida), fiel a su estilo, contraatacó disparando contra todos. "A nosotros no nos importa la fecha, porque la pelea es siempre la misma, contra esta política de los viejos partidos. Aníbal Ibarra y Mauricio Macri son lo mismo. La única diferencia es que Ibarra es gerente de Roggio y Macri es el dueño de Socma. Lo único distinto es la izquierda", remató, en tono de campaña.
LA VERDADERA LEGALIDAD
Las razones que arguye Patricia Bullrich en su presentación son falta de razonabilidad en el plazo que media entre el traspaso de la banda presidencial y la elección en la Ciudad, que es de sólo 14 días, y que se vulnera el derecho a discutir un proyecto de gobierno. Costanzo, por el contrario, argumenta -adentrándose en el terreno político, más que en el de la legalidad- que el Código Electoral Nacional fija un plazo de 90 días entre la convocatoria a elecciones y su realización, y que ese plazo fue cumplido.
La ambigüedad del Artículo 80, inciso 22 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que, entre las atribuciones que le otorga a la Legislatura, concede: "Convoca a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hace en tiempo debido", alienta a los conspiradores a seguir adelante. El "tiempo debido" es, por ahora -dicen-, el que fijó Ibarra en el Decreto 180/03, tanto como el cuestionamiento de quienes dicen que 180 días entre la elección y el traspaso del poder devastan la gobernabilidad, o que 14 días entre la culminación de la campaña presidencial y la elección en la Ciudad no son suficientes para debatir los temas que desvelan a los porteños.
El "tiempo debido", de todas maneras, podría ser cualquier otro: simplemente el que decidan los 31 votos necesarios para modificarlo.
