Fallo judicial frenó las obras en el Mercado de Pulgas
El juez en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, Hugo Zuleta, ordenó al Gobierno Comunal que "se abstenga de realizar obras destinadas a modificar los usos" del Mercado de las Pulgas, ubicado en Dorrego y Álvarez Thomas, barrio de Colegiales.
A su vez el magistrado intimó a que en un plazo de cinco días se "informe detalladamente sobre las obras a realizar en el predio" y que "acompañe toda la documentación respaldatoria que le sirve de marco" para tal fin.
El fallo judicial responde a una medida cautelar presentada en el marco de un recurso de amparo por los puesteros del mercado, desalojados a mediados de abril de este año.
"Si bien el Gobierno alegó el tema de la seguridad como motivo del desalojo, nos damos cuenta, que el argumento invocado fue siempre falso y es una excusa para 'hermosear' la Ciudad", sostuvo la patrocinante de los puesteros, Vanina Suleiman, que integra la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano.
La abogada agregó que "toda intervención administrativa planificada debió tramitarse en el Poder Legislativo de la Ciudad porque el Poder Ejecutivo no puede cambiar el uso del predio, al ser un bien de dominio público y como tal, solamente la Legislatura puede cambiar ese uso".
Las autoridades porteñas apelaron otras dos medidas cautelares dispuestas por la Justicia porteña, y ahora es la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario quien debe decidir sobre la cuestión de fondo del amparo.
El predio, que funciona desde hace 20 años como feria de muebles y antigüedades, es un galpón de 6.000 metros cuadrados. En el 2003, el Gobierno porteño proyectó la obra "reciclado y puesta en valor del Mercado de Pulgas", firmada por el director de Proyectos y Fiscalización de Obras, Alberto González, y por el director General de Mantenimiento Edilicio, Daniel Firpo, con el objetivo de "reordenar los puestos para un mejor funcionamiento del Mercado, modulando dichos puestos y creando circulaciones claras".
En el 2004, las autoridades convocaron a una licitación pública para llevar adelante el proyecto y la realización de un censo para poder determinar el estado edilicio y la situación de los trabajadores. Al año siguiente, el Gobierno de la Ciudad dictó el decreto 1630 disponiendo la desocupación del edificio por vía administrativa.
