La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que se hallaran en su celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.
El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos a favor de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ante un planteo de la querella de la propia vicepresidenta, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Mariano Llorens votó en contrario.
En un fallo de 6 páginas, los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, refiriéndose a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente, lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los coautores del ataque.
“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron.
“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron los jueces.
“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son solo algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, el jefe del grupo de supuesto vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los agresores de la vicepresidenta.
Hasta el momento, Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido de todos modos. Al pedir ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que, además de intentar matar a la exmandataria, buscaban desestabilizar al gobierno.
En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (…) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.