La Justicia comercial de la Nación decretó la intervención por seis meses de Salvattore Group SAS, la firma que tienen como representantes a Carolina Gómez Mónaco y Fernando Daga, ambos, asesores del diputado nacional de Juntos por el Cambio, (JxC) Gerardo Milman.
Se trata de una sociedad atravesada por irregularidades que evidencian que sería una “pantalla”: no tiene capital social, objeto, ni ha presentado correctamente balances y estados contables.
Dicha intervención fue resuelta el 26 de diciembre pasado por el juez nacional en lo comercial Pablo Frick luego de analizar un planteo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo había iniciado un expediente en noviembre pasado donde había corroborado la existencia de “más de media docenas de irregularidades documentales y societarias”.
En la resolución judicial, el magistrado sostuvo que “la verosimilitud del derecho invocado se encuentra a priori acreditada” en el planteo. También tal vez como esencial que se obtenga “información fehaciente” sobre la actividad económica y los antecedentes sociales de la SAS, “datos que indudablemente son sensibles al paso del tiempo y corresponden resguardar”.
El juez pensó: “Estimo que se encontraron reunidos los extremos necesarios para acceder a la medida solicitada. Ello, claro está, situado siempre en el marco provisorio, conjetural y cautelar de este proceso embrionario”.
De todos modos, el magistrado dejó en claro que la intervención se dictó en “grado de veeduría”, y explicó que se trata de la más “leve” de las intervenciones societarias. En este caso, quien tendrá las funciones de contralor y vigilancia será la abogada Anahí Cordero, quien deberá presentar un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group.
Cuáles son las irregularidades detectadas
De acuerdo al informe de IGJ, las anomalías son varias:
✔La sociedad se inscribió en 24 horas en septiembre de 2017.
✔ En los papeles recién empezaron a operar el 30 de junio de 2019, con los dos empleados de Milman, de 27 y 30 años, como únicos socios.
✔El domicilio no coincidió con el real.
✔ Nunca presentó libros contables ni balances ni actas ni asambleas ni reuniones de socios.
✔ La sociedad no tiene cuentas bancarias ni dinero en caja. No registra ventas.
✔ Cuando consultaron con el sistema Nosis, los especialistas de la IGJ determinaron que la facturación anual oscilaba entre 10 y 50 millones de pesos, depende el año.
A semejante cuadro, se agregaron otros elementos más que sospechosos de la actividad de Milman:
* Las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad presentaron denuncia penal contra Bullrich y Milman porque justamente en el área de Inteligencia Criminal se designaron 18 espías que debían aportar datos sobre las distintas bandas delictivas. De los 18, sólo se identificó a tres, dos de los cuales dijeron que nunca trabajaron ahí. El tercero resultó un puntero político de Tres de Febrero, distrito gobernado por el Pro.
* Milman apareció utilizando un vehículo Peugeot 2008 Sport a nombre de una empresa privada de blindajes. El auto fue interceptado porque una joven allegada a Milman lo manejaba utilizando un registro apócrifo.
* Se descubrieron facturas de Milman a esa empresa privada por más de 1 millón de pesos por servicios de asesoramiento incompatibles con su pertenencia a la Comisión de Seguridad de Diputados. Hay además una factura a un Centro de Estudios encabezado por Bullrich y dos facturas generosas -665 mil pesos- a una joven venezolana que vive en una humilde vivienda de Tigre. La chica figura como irrecuperable desde el punto de vista crediticio, o sea nunca le pagó semejante dinero a Milman. La factura pinta como falsa.
* El legislador registra asombrosos alquileres por valores altísimos en dólares y que no se condicen con sus ingresos. Una chacra lujosa en un club de campo de Exaltación de la Cruz (las expensas son 120 mil pesos), una casa en Pinamar por este enero, un departamento en la calle Posadas de Recoleta. Según se calcula en el programa Argenzuela, de C5N, los alquileres suman más de 50 mil dólares en 2022.