El secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, no duda y asegura que la Ley de Comunas debe ser reformada. Señala que la norma tiene contradicciones y vacíos legales que generan interpretaciones múltiples y consecuentes problemas. Cara a cara con Noticias Urbanas, el funcionario se presta a un diálogo profundo y sin concesiones.
–Hasta hace poco tiempo, en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana estaban siempre en el candelero, en especial cuando les tocaba hablar a los comuneros de la oposición, que se la pasaban denunciando las medidas que ustedes tomaban.
–Ahora estamos bien.
–¿Cómo se saldó el tema de la designación de los gerentes en el área de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que en su momento generó una serie de críticas y discusiones, en especial por parte de los comuneros opositores?
–Ese fue un tema absolutamente menor, que ya está superado ampliamente. Todo sigue funcionando igual.
–La creación de las comunas, que el Gobierno porteño puso en marcha, era una de las grandes deudas de todos los gobiernos de la Ciudad desde que se sancionó la Constitución porteña, en 1996. ¿Qué balance hace de lo ocurrido desde su aprobación, el 1 de septiembre de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, hasta hoy?
–Si la memoria no me falla, existían 26 proyectos que se habían presentado a lo largo de los años, entre 1996 y 2003. De todos modos, esta ley, con todos los defectos que puede haber tenido, salió básicamente gracias al impulso del Pro. Nos cargamos al hombro el proyecto junto con el diputado socialista Roy Cortina. Además, esa fue la única ley participativa de aquel tiempo, para la que se abrió un debate que duró un año, que se llevó a cabo en 46 barrios porteños. Los únicos lugares en los que no se discutió fueron los barrios de Parque Chas y Puerto Madero. Yo le aclaro que estuve en más de 40 de esas reuniones, que se hicieron en distintas escuelas y no en los Centros de Gestión y Participación. De hecho, en esta ley no contamos con el apoyo del oficialismo de entonces, lo que explica algunas de las deficiencias y errores que contiene. No participaron en ninguna instancia de esas discusiones, ni en los barrios ni en la Legislatura. Destaco los defectos porque ellos, que tenían la experiencia de gobierno, podrían haberlos marcado pero no lo hicieron. Por eso, yo pienso que la ley tenía cosas que hoy, a la luz de nuestra experiencia de gobierno, nos damos cuenta de que eran defectuosas. Eso no está bueno, hablando de la actitud del oficialismo de entonces.
–Si hablamos de defectos, ¿cuáles serían los básicos para usted?
–Nosotros pensamos que la ley se tiene que reformar, y cuando vuelva la calma, tras este período eleccionario, queremos discutirla, sin el calor de la política electoral. Seguramente, vamos a presentar un proyecto para abrir el debate. Vamos a tener en cuenta algunos proyectos que ya fueron presentados. Creemos que la ley debe ser reformada, básicamente, en tres grandes ítems. Lo primero es que, como la ley nació como la conjunción de varios proyectos, tiene algunas contradicciones. La primera parte, que tiene que ver con la técnica legislativa, no debería generar casi ninguna controversia, porque allí hay errores y estos deben ser corregidos. Por ejemplo, la ley dice que las comunas tienen iniciativa legislativa, pero no especifica cómo. Debería haberse establecido un mecanismo legislativo, pero esto no se hizo. Algunas comunas envían sus iniciativas a la Dirección de Asuntos Parlamentarios, que yo creo que es lo que corresponde, pero hay otras comunas que las envían directamente a la Legislatura. Ese es un tema que se debe discutir, sea cual sea la conclusión a la que se arribe, en un sentido o en otro. Se lo podría hacer mediante una nueva ley o por medio de un decreto reglamentario. Igual, estos son temas menores, pero operativos, con una baja connotación política, de los que hay un montón.
–¿Cuál sería el segundo tema?
–El segundo capítulo tiene que ver con establecer claramente las funciones entre el Poder Ejecutivo centralizado y el Poder Ejecutivo descentralizado. Nosotros creemos que la redacción de la ley, tal como está, deja muchos huecos y que en algunos casos violenta el espíritu de la Constitución, que establece que el rol de las comunas tiene que ver básicamente con el mantenimiento del espacio público. Esto la ley no lo refleja claramente, porque solamente habla de temas que tienen que ver con el interés comunal, que de acuerdo a cómo se los interprete, da para que una comuna se ocupe de salud o educación, y otra, del medio ambiente. Esta falta de precisión ha generado muchos malentendidos, por lo que la ley debería especificar las funciones del Poder Ejecutivo centralizado y las del Poder Ejecutivo descentralizado. Nosotros tenemos entendido –y el 98 por ciento de los constitucionalistas coincide con esta interpretación– que las comunas forman parte del Poder Ejecutivo. Pero hay una línea de interpretación absolutamente minoritaria que interpreta que son una especie de cuarto poder, cuando no es esto lo que establece la Constitución. Ni el sentido común ni la Constitución marcan que una comuna deba ocuparse de la educación o la salud, por ejemplo. Sin embargo, hay comunas que tienen comisiones de salud o educación. Se puede aceptar que un comunero que recibe un reclamo acuda al ministerio correspondiente en busca de respuestas puntuales, pero de ahí a que sea responsabilidad de la comuna hay una distancia abismal. Hay quienes piensan que la comuna debe hacerse cargo de estos temas y nosotros pensamos que no.
–¿Cómo entiende que tienen que ser los roles de los comuneros?
–Ese es un tema que tiene que ver con la tercera cuestión que hay que reformar. Hoy está delimitado el rol del presidente de la comuna, pero no el de los demás comuneros. Esto hace que dependan de su iniciativa personal. Hay quienes asumen roles proactivos y otros que se recluyen, y a causa de ese vacío se produce un círculo vicioso y hay vecinos que piensan que los comuneros no trabajan, lo que no es así. Por eso, hoy no hay indicadores para que se pueda medir si un comunero hizo bien o mal su trabajo. En ningún lugar está escrito qué hacen. A mí me pueden evaluar, porque mi cargo tiene metas y objetivos y, con base en ellos, se puede medir el resultado de mi trabajo. Falta formalizar roles, responsabilidades y atribuciones para los comuneros.