Abandono, golpes, humillación, pero también maltrato institucional que se traduce en falta de respuestas o exceso de burocracia. Estos son algunos de los abusos a los que pueden verse sometidos los adultos mayores. Abusos que durante muchos años no tuvieron visibilidad, pero que de a poco su denuncia gana espacio en la agenda pública. Tanto es así que el lunes 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato en la Vejez. Y ese mismo día, los legisladores porteños Juan Pablo Arenaza y María Raquel Herrero (Pro) presentaron un proyecto de ley para proteger a los adultos mayores de este tipo de conductas y, también, para prevenirlas. La iniciativa fue acompañada por los diputados Edgardo Form (Nuevo Encuentro), Paula Oliveto (ECO), Graciela Ocaña (Confianza Pública), Hernán Rossi (Suma+) y Cristina García (Confianza Pública Democrática).
“En la actualidad estamos asistiendo a un sinfín de maltratos. Ya sea con nuestros niños, nuestras mujeres, pero hasta hoy no estaban contemplados en la normativa los adultos mayores, quienes también padecen este flagelo por ser más vulnerables y son pocos los países que cuentan con una legislación específica”, dijo el diputado Arenaza, quien reconoció que cada vez se reciben más denuncias de maltrato a ancianos por acciones intencionales o por un obrar negligente que vulnera sus derechos. Según cifras oficiales, la Subsecretaría de Tercera Edad del Gobierno porteño recibió solamente en 2014 un promedio de más de tres denuncias por día. Otro dato: Buenos Aires es una de las ciudades más envejecidas del país: según el último censo, el 21,6 por ciento de su población tiene más de 60 años. Cifra que equivale a más de 625 mil adultos mayores.
Vacunar contra la violencia
El proyecto de ley define como maltrato o abuso contra los adultos mayores a “toda acción u omisión que provoque un daño a los mismos, sea esta intencional o consecuencia de un obrar negligente y que atente contra su bienestar general, vulnerando derechos”. Se aclara que este tipo de conductas pueden ser cometidas tanto por el grupo familiar como por cuidadores, por allegados que no posean grado de parentesco alguno o por instituciones, tanto del ámbito público como privado. Los abusos pueden ser físicos, psicológicos, sexuales, económicos, ambientales (destruir sus objetos personales, matar a sus animales domésticos, esconder sus pertenencias son algunos ejemplos de este tipo de casos), institucionales, simbólicos (discriminación), de abandono o de hostigamiento.
También se comprende en el proyecto la protección de los ancianos que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad por la carencia absoluta de redes de contención.
Son varios los objetivos que la iniciativa promueve para combatir el maltrato a los ancianos: concientizar a la comunidad, remover prejuicios y estereotipos negativos respecto de la tercera edad, evitar el aislamiento, brindar una protección integral a aquellos que hayan sido víctimas de cualquier tipo de abuso o se encuentren en extrema vulnerabilidad, evitar su revictimización eliminando la superposición de intervenciones y agilizando los trámites necesarios para garantizarles el acceso a la Justicia, minimizar los daños como consecuencia del abuso o abandono, y tender a su reparación y a la sanción de las conductas contra ellos.
Para ello, establece diferentes políticas concretas, como la creación de cursos donde los adultos mayores puedan reforzar sus lazos, conocer sus derechos y promover sus potencialidades. La idea es que nunca dejen de ser partícipes principales en la toma de decisiones. En una palabra: empoderarlos. En ese sentido, también se contempla la creación de talleres que les garanticen el acceso a las nuevas tecnologías, a fin de remover los obstáculos que les puedan impedir el libre manejo de sus ingresos.
Pero también hay políticas destinadas a quienes los rodean. Entre ellas, se cuentan la capacitación de aquellas personas que cumplan el rol de cuidadores (pueden ser familiares o no) para evitar acciones lesivas, campañas de difusión para erradicar los estereotipos negativos sobre la vejez, actividades intergeneracionales para lograr una mayor vinculación social y cursos de formación específica para empleados públicos del Gobierno porteño para facilitar un buen trato con los adultos mayores.
La autoridad de aplicación de la ley será la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno porteño, que contará con un área específica de protección de derechos, un protocolo de asistencia, dispositivos de alojamiento protegidos para los casos donde la integridad psicofísica de los adultos mayores corra alto riesgo y operadores comunitarios para brindarles acompañamiento en la realización de trámites relacionados con su problemática de abuso, maltrato, violencia o abandono.
Por último, se establece que el trato que se le dispense a un adulto mayor en toda dependencia pública o privada a la que asista a raíz de su problemática de abandono o violencia debe evitar la revictimización y la excesiva burocracia. También, que el Poder Judicial porteño deberá garantizar trámites sencillos para la radicación y seguimiento de las denuncias sobre el tema y articular las acciones en forma conjunta con la Subsecretaría de Tercera Edad para asegurar una comunicación expeditiva entre ambos organismos.
“Es muy importante tratar y aprobar esta ley que fue acompañada en sus comienzos por representantes de diferentes bloques. Debemos seguir trabajando día tras día para recuperar los valores perdidos. Aquellos valores que nuestros adultos mayores nos enseñaron. Ellos transmiten esperanza y vida para los que estamos cerca de ser de la tercera edad y para los jóvenes. Y eso es lo que se necesita para hacer una Argentina grande como la que ellos supieron construir. No podemos permitir más esta triste realidad”, subrayó Herrero, coautora del proyecto. Y recordó algo que ninguno debería olvidar: “Adultos mayores somos todos. Porque solo es cuestión de tiempo llegar a serlo”.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad cuenta con una línea gratuita de atención telefónica:
0800-222-4567. El servicio apunta a brindarles asistencia, asesoramiento y contención a todos los adultos mayores que vean vulnerados sus derechos.
