Tras ser las gran derrotadas de las elecciones porteñas con sus mediciones, las consultoras y encuestadoras suman ahora un pedido de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que cumplan con los requisitos que exige la ley.
Estos requisitos son notarse en un registro y presentar un informe por cada trabajo que detalle la metodología, quién lo contrató y cuánto pagó. El tribunal también advirtió que hoy sólo ocho empresas se ajustan a la normativa vigente.
En diciembre de 2009, el Congreso modificó la Ley 26.215, que regula el financiamiento de los partidos políticos. En concreto, agregó el artículo 44, que instruyó a la CNE a crear un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, que el tribunal finalmente estableció en noviembre del año siguiente, a través de la acordada 217/10. La norma establece que es obligatoria la inscripción de todas las firmas y organizaciones que quieran divulgar trabajos durante la campaña electoral.
Actualmente, en la página del registro figuran 35 empresas. Sin embargo, según advirtió hoy la CNE en una acordada, sólo ocho cumplen con un requisito clave: la obligación de presentar ante cada sondeo realizado para terceros “un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién realizó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo”.
“La evidencia de la realidad actual demuestra que la cantidad de encuestas difundidas por distintos medios a la opinión pública no se condice con el exiguo número de informes técnicos presentados ante este Tribunal”, advirtió la CNE.
En efecto, las únicas compañías que presentaron los informes son Julio Aurelio ARESCO, Ricardo Rouvier & Asociados, Radio Bahía Blanca S.A., Hugo Haime & Asociados, Fundación para la Dignificación del Hombre en el Trabajo (Observatorio de Política y Democracia), OPINAIA S.A., Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata y Carlos Fara & Asociados.
El problema de la Ley 26.215 es que establece una sanción muy leve: apenas prohíbe la inscripción en el registro por un período de dos a cuatro elecciones a las empresas que incumplan en dos oportunidades consecutivas con los requisitos. Así, por ejemplo, Poliarquía o IPSOS, que en 2013 presentaron los informes, podrían no hacerlo este año y volver a atenerse a la ley recién en 2017, consigna Infobae.com.
