Esta semana no hubo debate. Salvo un par de legisladores que dejaron constancia de algunas disidencias, el proyecto por el cual se crea la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito del Consejo de la Magistratura culminó su trayecto legislativo.
El jueves pasado se había aprobado en general y en particular el proyecto hasta el tercer artículo, pero el debate por el inciso f del cuarto artículo se complicó más de lo esperado y se levantó la sesión por falta de acuerdo. Esta semana, en tanto, la iniciativa fue tratada en el recinto con gran celeridad, dado que -aunque la postura del diputado Helio Rebot no se modificó- prevaleció el consenso.
Rebot (Frente para la Victoria) pidió que se modificara el inciso f del artículo 4º para que se incrementara de 300.000 a 500.000 pesos el monto de contratación que podrá llevar a cabo el Administrador del Poder Judicial porque "en la ley que se sancionó el año pasado no había ningún tope presupuestario, con lo que poner un monto tan bajo es una contrariedad absoluta".
Es que la Legislatura porteña ya había aprobado una ley en este sentido, la 1.904, pero se decidió reemplazarla por una norma consensuada con los distintos actores del Poder Judicial, dado que el Consejo de la Magistratura sintió que la norma era una especie de intervención. Incluso, en la propuesta de modificación que enviaron a la Legislatura, sostenían que el monto a manejar por el Administrador debía ser de 10.000 pesos.
Cabe mencionar una de las razones por las que se creó esta figura. El primer Consejo de la Magistratura, encabezado por Juan Octavio Gauna, incurrió en una serie de irregularidades que están siendo analizadas por la Justicia (como, por ejemplo, la compra de edificios a precios siderales), por lo que la segunda composición se cuidó tanto de no imitarlo que subejecutó presupuesto, lo que generó una crisis administrativa en los juzgados de importante envergadura.
Pero volviendo a la norma sancionada, la idea es que esta reforma mejore el funcionamiento de la Justicia mediante una infraestructura que se adecue a sus necesidades diarias y corrientes y propone un modelo similar al vigente en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Esta oficina "tendrá la finalidad de gestionar con mayor agilidad y rapidez las demandas del Poder Judicial de la Ciudad, superando las dificultades que actualmente genera el cúmulo de decisiones que diariamente debe tomar el Plenario del Consejo de la Magistratura, demorando asuntos que requieren rápidas respuestas", según expresan los fundamentos.
La ley es producto de las iniciativas presentadas por los diputados Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad) y Helio Rebot (Frente para la Victoria) y de los diputados Enrique Olivera, Teresa Anchorena, Fernando Melillo, Alejandro Rabinovich (ARI) y Oscar Zago (Compromiso para el Cambio).
Aún no está definido quién ocupará este cargo, pero deberá ser propuesto por el Consejo de la Magistratura con acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura. La duración de su mandato es de cuatro años, los que no deben coincidir con el inicio y finalización del mandato de los consejeros.
Entre las funciones que deberá llevar a cabo se encuentran: elaborar y proponer a la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial; ejecutar, bajo la dirección de la Comisión de Administración y Financiera, el presupuesto anual; dirigir las Áreas de Programación y Administración Contable, Compras y Contrataciones e Infraestructura y Obras; proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles, y disponer lo necesario respecto de bienes muebles aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre, transparente e igualitaria concurrencia de los oferentes; y preparar y elevar a consideración de la Comisión de Administración y Financiera la cuenta de inversión del ejercicio y la memoria anual, para su elevación al Plenario.
