El PRO salió a criticar públicamente al fiscal Carlos Gonella luego de que denunciara penalmente por presunto lavado de dinero a al periodista y candidato a diputado, Fernando Niembro, y al jefe de Gobierno porteño electo, Horacio Rodríguez Larreta, y a otros tres funcionarios de esa administración por la contratación de La Usina Producciones.
Patricia Bullrich, Laura Alonso y Eduardo Amadeo salieron en bloque a cuestionar al jefe de la Procelac por considerar que se trató de una maniobra con un trasfondo político.
“Gonella trabaja a pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó la diputada Bullrich. “Cuando tuvo que investigar a los grandes lavadores no lo hizo, e incumplió con su deber como fiscal y escondió las causas. No actuó en otros episodios por pedido del kirchnerismo y ahora, con esta situación, pasó de ser una tortuga a una liebre, porque no trabaja para la Justicia sino para el Gobierno”, añadió.
La referencia de Bullrich remite al procesamiento que enfrentó el fiscal por no haber investigado una presunta maniobra de lavado de dinero. La denuncia que hizo este viernes la Procelac recayó en el Juzgado Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, el mismo juez que tramita esa causa.
Laura Alonso, compañera de bloque de Bullrich, consideró que la decisión de la Procelac “es de una gravedad extrema”. Y sostuvo que “la intervención de Gonella confirma una operación política”, ya que “no tiene por qué intervenir en la causa que no tiene ninguna sospecha de lavado de dinero”, continuó Alonso.
Otro dirigente macrista que se pronunció sobre la denuncia fue Eduardo Amadeo, quien integra la nómina que encabeza Niembro en la provincia de Buenos Aires. “La participación del fiscal evidencia la desesperación en el oficialismo por la caída de (Daniel) Scioli en las encuestas”. “Utilizan a Gonella en los casos que involucran a la familia presidencial en negocios sucios”, añadió.
La presentación de la Procelac pide investigar si los denunciados cometieron los delitos de defraudación a la administración pública, violación de los deberes de funcionarios público y abuso de autoridad por la adjudicación de unos 23 millones de pesos en contratos a la empresa La Usina, que pertenece a Niembro.