“En la ex-AU3 se está incubando un nuevo Soldati. Las pocas viviendas construidas por el Gobierno ya están en estado calamitoso, con balcones y paredes con peligro de derrumbe. Pero la mayoría de los vecinos no ha recibido siquiera una vivienda en mal estado. Los terrenos destinados para la reubicación de quienes vivían en la traza de la ex-AU3 han sido entregados por el macrismo a los especuladores inmobiliarios para que construyan torres de lujo, incumpliendo las leyes votadas en la Legislatura. Para Macri, la ‘seguridad jurídica’ es solo para los empresarios y especuladores”, denunció recientemente Gabriel Solano, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, tras reunirse con vecinos que habitan la traza de la autopista que no fue, cuyas condiciones de vida, según los testimonios a los que pudo acceder Noticias Urbanas, se acercan bastante, en términos de estado, a la situación que desencadenó el viernes 4 de septiembre, casi de madrugada, la muerte de Cristian, de 14 años, y derivó, al mismo tiempo, en las heridas múltiples sufridas por sus hermanos, Nihuel y Gastón, de 15 y 17 años, respectivamente, traer caer al vacío desde el sexto piso del edificio 10 del complejo Soldati, en el barrio homónimo del sur porteño, al desprenderse una de las barandas de las escaleras de la construcción.“Esto es realmente una bomba de tiempo”, suelta Horacio Torres, vecino de la traza de la ex-AU3, mientras señala, casi en un gesto circular, la imagen apocalíptica que proyectan las calles Donado, Holmberg, casi todas, a su alrededor.
Lo cierto es que el problema habitacional que sufren los vecinos cuyos inmuebles fueron expropiados durante la intendencia de Osvaldo Cacciatore en la Ciudad, para emplazar allí una autopista que finalmente no se concretó, data de, al menos, en lo que a promesas de gestión refiere, los años 1990. Justamente, la Legislatura porteña sancionó en el 99 una ley, la 324, para dar una solución habitacional a las familias afectadas. De allí a esta parte, vale destacar, se hizo poco y nada: mucho papel y escasa obra (pública). Por caso, varios vecinos recuerdan las reuniones a las que eran convocados en Perú 130, el parlamento local, por 2004 y 2005, para que los funcionarios les informasen los avances llevados adelante por la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex-AU3, creado por la norma mencionada. En ese entonces, ya aseguraban que el plan se prometía desde comienzos de la década. Y como resultado, nada.
Carmen Lenosi, por ejemplo, recuerda hoy a NU que tuvo que esperar más de dos años la tasación de su casa, en Córdoba al 6500. Y Jesús Rivero agrega: “Necesitamos que, de una vez por todas, se cumpla con la ley. Que se nos dé una respuesta en materia de vivienda. Si se hubieran dado respuestas en el momento, la situación no iría en aumento en cuanto a su gravedad, porque las familias que había en una primera instancia se han reproducido y ahora también están en la misma situación, o incluso peor. Además, muchos de los pocos edificios que han sido desocupados se han vuelto a intrusar. Si esto no tiene una solución rápida y concreta, es una historia de nunca acabar”.
Peor circunstancia transitan los vecinos de menores recursos en esta suerte de guerra fría ciudadana. En los últimos diez años, se han movilizado cientos de veces para exigir respuesta a las autoridades relativas a un área, como es la vinculada a la política de vivienda del gobierno del Pro, muy criticada. “Somos 700 familias de Villa Urquiza que habitamos casas propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la traza de la ex-AU3. Desde la década de 1980 que habitamos nuestro barrio y, organizados, empujamos un proceso de regularización de nuestra situación. Actualmente, somos comodatarios de los inmuebles y beneficiarios de las leyes 324 y 341, publicadas en el Boletín Oficial en el año 2000, que prevén la obligación de una solución habitacional definitiva”, explicaban el porqué de sus recurrentes movilizaciones al centro porteño, en 2009 y 2010.
También, exponían: “Desde 2008 vivimos amenazados por el Gobierno de la Ciudad, que ordenó desalojos masivos, compulsivos y administrativos, por decreto y sin control judicial. Por ello, nos presentamos a la Justicia, en el entendimiento de que solamente nuestros jueces pueden equilibrar la balanza de esta injusticia. La actual administración del Poder Ejecutivo de la Ciudad intenta extorsionarnos con un subsidio para renunciar a nuestros derechos establecidos por las leyes. Así también utiliza los medios masivos de comunicación para justificar los desalojos masivos y ocultar el gran negocio inmobiliario de construcción de torres que tienen pensado para el sector delimitado por la Avenida de los Incas y avenida Congreso, entre Donado y Holmberg”.
La inquietud, para ahondar en sus causas rectoras, respondía al respaldo que la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, había otorgado al recurso de amparo presentado por el entonces legislador de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, con el fin de frenar los desalojos que no contaban, por lo menos desde 2007, cuando arranca la administración macrista de la Ciudad, como contrapartida, con una plan de vivienda digna: solamente el aliciente del subsidio. Pablo Tonelli, procurador porteño, apeló la decisión en su momento, lo que derivó el asunto en, justamente, la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, enturbiando, dilatando la resolución del caso que, a fin de cuentas, resultó en un período de consenso entre el Pro y la CC. De allí surgió la Ley Nº 3.396, del año 2009.
La norma alude a lo que se conoce, dentro de la zona, como sector 5: se trata de cinco manzanas que van desde avenida Congreso hasta Avenida de los Incas, entre Donado y Holmberg. De este espacio, según fuentes legislativas, el Pro vendió el 50 por ciento para desarrollo inmobiliario de baja escala, esto es, edificaciones de cuatro pisos como máximo. Y la otra mitad, de acuerdo al texto cuyo autor es el exlegislador de la Coalición Cívica, debería haber sido destinado para espacios verdes, “agrupamiento comunitario” (por ejemplo, escuelas) y viviendas sociales. Además, para monitorear el devenir de la situación habitacional del barrio, se gestó una veeduría formada por vecinos y miembros del Poder Legislativo porteño.
“Barrio Parque Donado Holmberg” se llama, en rigor, el espacio surgido en las fosas del área expropiada en la última dictadura militar, lugar por el que iba a pasar la Autopista 3, una prolongación de la Panamericana que, en su trayecto hacia el Riachuelo, cruzaría Villa Urquiza y Villa Ortúzar. En los planes, el nuevo barrio abarcaría 13 manzanas, entre las calles Donado y Holmberg, desde avenida Congreso hasta Carbajal. Hoy, el paisaje habitual de la zona marca la presencia de grúas, camiones de materiales y ambientes a estrenar. Al respecto, el año pasado, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, afirmaba a la prensa: “Hay 26 edificios de vivienda en construcción, todos con una altura de cuatro pisos, para mantener un perfil residencial. Los desarrolladores deben dejar una vereda de 15 metros, donde tienen que hacer a su costo un espacio verde y bicisendas, según un diseño determinado, para conformar un parque lineal de 1.500 metros. En el Barrio Parque Donado Holmberg ya se ve la reconstrucción del tejido social –se entusiasmaba el funcionario macrista–, ya que avanzan las construcciones privadas y públicas. Nosotros estamos haciendo la Escuela Siglo XXI, en Holmberg y Rivera. También está en construcción el edificio de la Comuna 12, al lado de la estación Drago. Adelante de esta sede habrá una plaza y más allá continúa, hasta Monroe, el parque diseñado por Clorindo Testa”.
El lunes 21, los diputados de la Comisión de Vivienda se reunieron en el marco de la comisión de seguimiento de la Ley 324, encuentro al que iban a asistir funcionarios del Pro, entre ellos, el director general de la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3, Diego Sadowski, quien finalmente no fue. Los vecinos presentes se enojaron tanto que hasta increparon al presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini (Frente Renovador), ya que, por ley, la comisión de seguimiento debería reunirse cada 60 días y, hasta la fecha, solamente lo hizo una vez.
“Todo muy lindo en las declaraciones y en los documentos, pero en los hechos, basta con constatarlo a simple vista, las familias que viven en las construcciones levantadas por el Gobierno de la Ciudad corren serio peligro. Los derrumbes y desprendimientos son cotidianos. Solo apelamos a un milagro para que no ocurra una desgracia como la del complejo Soldati. Insisto, las condiciones en que se vive son pésimas. El tema del negocio inmobiliario, dado a manos privadas, es otra cuestión”, dice a Noticias Urbanas Eduardo López, vecino del barrio. “Esta reunión es una vergüenza porque sigue sin solucionarse nuestra problema de vivienda”, vocifera, casi a coro, el resto aquel lunes en la Legislatura.
Facundo Di Filippo, por su parte, cree que “es una falta de respeto que después de esperar un año para hacer la reunión de seguimiento, los representantes del Poder Ejecutivo falten a la cita a la que se presentaron un montón de familias en emergencia habitacional que están atravesadas por una operatoria por la que el Gobierno de la Ciudad tiene el dinero guardado en una cuenta del Banco Ciudad, con el que podría resolver la problemática: hacer viviendas sociales”.
“También nos preocupa la provisión de los servicios públicos. No sabemos qué espera el gobierno de Mauricio Macri para actuar. Si la situación sigue así, una tragedia tapará a la tragedia anterior y, lamentablemente, seguirá”, señala a NU, con una mezcla de enojo y resignación, Eduardo López, al tiempo que brinda un volante del reclamo, como acostumbra siempre que da una nota: lleva un paquete grueso en su morral, toda vez que sale de su casa.
Qué dice la Ley 324
La normativa establece cuatro procedimientos para arribar a la solución habitacional. El primero es la entrega de créditos hipotecarios amortizables a 20 años –a una tasa máxima del cuatro por ciento anual– para la compra, recuperación o construcción de viviendas en inmuebles ubicados fuera de la traza, que no sean del Gobierno de la Ciudad.
El segundo es la entrega de idénticos créditos pero para la compra de los inmuebles ubicados dentro de la traza, dándoles prioridad a sus actuales ocupantes. En este caso, la tasa anual fue reducida al cero por ciento por una resolución de la Unidad Ejecutora, publicada el 24 de abril de 2003.
La tercera alternativa es la venta de los inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad ubicados dentro de la traza –y no afectados a la construcción de obras públicas– para la edificación de viviendas multifamiliares, financiadas en las mismas condiciones que en la primera opción. En este caso, los beneficiarios pueden elegir si la construcción la realiza el IVC o la hacen ellos mismos por mecanismos autogestionados, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones sin fines de lucro.
El cuarto procedimiento es la entrega de subsidios, en lugar de préstamos, a las personas en estado de extrema pobreza, para la autoconstrucción o recuperación de viviendas económicas. También establece la posibilidad de otorgar “un comodato de por vida en inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad” a los mayores de 60 años que se encuentren en las mismas circunstancias.
