Un ex jefe de Asuntos Internos y otros cinco oficiales quedaron detenidos hoy luego de declarar ante la jueza María Servini de Cubría como imputados en la causa que investiga la violenta represión del 20 de diciembre y que dejó un saldo de al menos seis muertos y cientos de heridos.
Los oficiales están acusados de ser los presuntos autores materiales del homicidio de Carlos Alberto Márquez, un hombre de 57 años que cayó con dos tiros en la espalda alrededor de las 19:30, en 9 de Julio y Sarmiento. Según consta en el expediente, Marquez murió luego de que un grupo de policías dispararon contra la multitud armas largas -postas de plomo calibre 12,70-, una acción expresamente prohibida por el reglamento interno de la policía federal.
El primer detenido en la causa fue el comisario Orlando Ontivero, un ex jefe de Asuntos Internos que comandó a los móviles no identificables que actuaron en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Obelisco. Ontivero y los otros policías están imputados por el delito de homicidio previsto en el artículo 79 del código penal por "resultar su conducta de omisión impropia" al no dar una orden de cese del fuego.
Aunque este alto jefe policial fue relevado del cargo tras los incidentes, posteriormente fue reemplazado por el comisario Jorge Bortolini, otro de los policías que también figuran en una nómina de 25 oficiales que podrían visitar en los próximos días los juzgados federales de Retiro.
Luego de tomarles declaración la jueza federal Servini de Cubría reimplantó el secreto de sumario. En dicho proceso penal figura el propio ex presidente De la Rúa y varios funcionarios de su gobierno, por su presunta responsabilidad en las muertes.
EL RESTO DE LA LISTA
El fiscal Luis Horacio Comparatore solicitó además la detención de diez policías por los disparos con postas de plomo que recibió Jorge Demetrio Cárdenas en las escalinatas del Congreso Nacional. El responsable de ese operativo fue el comisario Daniel Mancini, quién tenía bajo sus órdenes a otros tres subcomisarios y a otros tantos sargentos y cabos. Todos ellos también podrían ser citados y detenidos en los próximos días.
Además se reclama el testimonio de otros trece miembros del Cuerpo de Operaciones de la Policía Federal por el delito de vejaciones contra un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Muchos de estos oficiales -entre los que figuran agentes y cabos- habían atropellado y pisoteado a las Madres y a otras personas durante las protestas del 20.
NO DECLARÓ SANTOS
Servini de Cubría postergó hoy la indagatoria de los ex funcionarios Rubén Santos -que debía declarar por la mañana- y Enrique Mathov. Fuentes del juzgado aseguraron a NOTICIAS URBANAS que ambas citaciones se dejaron para el final, puesto que la ley establece un plazo de diez días tras la última indagatoria.
Esta medida revelaría la intención de la jueza de impedirles a los ex funcionaros sortear una posible prisión. La indagatoria de ambos estaba prevista desde la semana pasada, tras los testimonios de 15 comisarios que confirmaron que Santos fue quien dio la orden de desalojar violentamente la Plaza de Mayo.
De esta forma, el ex jefe de la Policía Federal se libró -por el momento- de los interrogatorios que habían preparado para hoy los abogados querellantes (se cree que uno de los más extensos será el que presenten los letrados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre). Fuentes judiciales aseguraron que Santos podría quedar detenido, pero recién después de que se dicten los autos de procesamiento.
En lo que algunas fuentes consideraron un vuelco en la investigación, la jueza despachó cédulas de citación testimonial para varios altos funcionarios del gobierno de De la Rúa. Este cambio se debería al escrito que presentó antes de declarar el ex comisario Santos.
Tras leerlo, la magistrada levantó la audiencia prevista para esta mañana sin colocar una nueva fecha y resolvió convocar al ex ministro de justicia, Jorge De la Rúa, al ex secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo, al ex secretario de Turismo, Hernán Lombardi, y al ex secretario privado de De la Rúa, Leonardo Aiello.
En su escrito, Santos confió haber recibido llamadas telefónicas de De la Rúa, el ex ministro de Interior, Ramón Mestre, Gallo y Aiello, los cuales le pidieron que "se evitara la concentración de manifestantes en la Plaza de Mayo a fin de impedir los males que podrían suscitarse en caso de que entraran a Casa de Gobierno".
"Niego que se me atribuya responsabilidad sobre eso -dice Santos en su escrito-. En ningún momento impartí otra orden que no fuera la de evitar que los manifestantes lograran profundizar la crisis". Deslizando la responsabilidad por los disparos con postas contra la gente sobre sus subordinados, el ex jefe policial afirmó que "la multiplicidad y rapidez de los episodios hicieron que cada funcionario policial actuara con la ejecutividad que imponían las circunstancias sin consultar su proceder".
COMITÉ DE CRISIS EN EL BANQUILLO
Por su parte, la legisladora porteña Alicia Pierini, que representa a los familiares de Gustavo Benedetto, aguarda la oportunidad para que el ex comisario general Rubén Santos informe sobre la reunión que mantenía el ‘comité de crisis’ a las 15 de ese 20 de diciembre en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Es que en ese momento, mientras los más altos responsables de la seguridad del Estado analizaban las informaciones obtenidas a la media tarde de ese día, en la Plaza de Mayo y sus alrededores sus subordinados comenzaron a disparar contra la multitud.
Tal vez la persona ‘clave’ que puede contar lo que aconteció en esa reunión sea el ex secretario de Seguridad Interior de la Nación, Enrique Mathov. Fuentes bien informadas afirman que éste haría un descargo similar al de Santos, en relación a que "había informes de inteligencia que aseguraban que se estaba preparando un copamiento a la Casa de Gobierno".
Ambos funcionarios habían afirmado que no poseían información actualizada de lo que ocurría en la calle. En ese orden, Pierini intentará saber si estaba suspendido el servicio de ‘cables de información directa’ de que dispone el Ministerio del Interior. De confirmarse esto sería un escándalo, por los recursos que insume el aparato de información e inteligencia del Estado.
LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE SITIO
El fiscal pidió además que se declare la ‘inconstitucionalidad del decreto 1678/01’, por el que el ex presidente De la Rúa impuso el estado de sitio. Del escrito que presentó Comparatore -al que accedió este medio en exclusiva- se desprende que, si bien es atribución del Poder Ejecutivo declarar el ‘estado de sitio’ en caso de ataque exterior o conmoción interior, la Constitución sólo permite invocarlo si el Congreso no está sesionando. Pero el 19 de diciembre, cuando De la Rúa firmó el decreto, ambas cámaras del Congreso debatían en sesión el comienzo de una de las crisis políticas más profundas de la Argentina. De esta forma, se desprende que el presidente no tenía atribuciones para tomar esa medida.
