A una semana de firmar los contratos con las empresas recolectoras de residuos, el secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn, fue a la Legislatura con sus subalternos para explicar las dudas sobre la nueva modalidad de "área limpia". Pero el debate se extendió a otros temas y a las preguntas de los vecinos, que no los trataron a los funcionarios con la misma diplomacia que los legisladores.
En un primer momento, y por disposición del presidente de la Comisión de Ecología, Juan Manuel Velasco, fueron las asociaciones barriales las que hicieron las consultas, las cuales se centraron en la instalación de una planta de residuos patogénicos en Villa Soldati y de otra de separación de residuos domiciliarios en el Bajo Flores.
Mientras se escuchaban estas preguntas, al vicepresidente de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), Fernando Dufour, le cambiaba la cara. Es que en esos instantes, ingresó al Salón Montevideo la hermana de Diego Duarte, el joven de 15 años desaparecido hace cinco meses en el relleno sanitario de José León Suárez. "A ese lugar la gente va por necesidad a buscar metales, como lo hacía mi hermano y lo hacía yo, y fue tapado por toneladas de basura", relató Alicia. Los legisladores y funcionarios, imperturbables, escuchaban.
"Diego -continuó- se había escondido de la policía porque tenía miedo: ahí no hay dialogo con la gente, sólo palizas y golpizas. Vine porque quiero ver si se pueden pronunciar para que mi hermano pueda aparecer, sé que con vida no, pero tiene que aparecer y los responsables tienen que pagar porque mi hermano tenía derecho a vivir. Él tenía 15 años y no porque no tengamos dinero no se tenga que llegar hasta lo último en la investigación. A cinco meses no hay ningún detenido no hay ningún culpable: no hay justicia para el pobre".
Luego de más una hora de responderle a los legisladores, Doufour dijo que durante dos meses la Ceamse removió, sin éxito, 10 mil toneladas de residuos para buscar al joven desaparecido. Después, el representante de la Ciudad la empresa estatal dijo que la investigación está en manos del fiscal del partido bonaerense de San Martín.
Recién a partir de la intermediación de algunos legisladores, como María Soledad Acuña (Compromiso para el Cambio) y Sergio Molina (Bloque del Sur), los funcionarios de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable se dignaron a contestarle a las organizaciones barriales. No obstante, y tal como había anticipado, Epszteyn debió irse antes por lo que le pasó la posta al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini.
Su primera intervención la tuvo tras un duro reproche de Acuña al director de Política y Evaluación Ambiental, Horacio Walter, sobre la inexistencia de una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental para la construcción de centro de separación de residuos de enfrente a la cancha de San Lorenzo. Mientras el funcionario indicaba que la ley no la requería porque se trataba de residuos inorgánicos y la legisladora macrista le decía que la norma no hacía tal distinción, Vensentini interrumpió para indicar que su voluntad en esta clase de "situaciones dudosas" era la de equilibrar, por eso mandó a hacer un estudio de impacto ambiental. No obstante, Acuña le recordó que era una zona clasificada como urbanización parque y que debía cumplir la ley.
Pero el asunto no quedó del todo saldado a favor de Acuña porque cuatro representantes de organizaciones no gubernamentales le reprocharon a la macrista el haber dicho que parte de los vecinos podían llegar a estar de acuerdo con la planta si supieran de que se trata."Ella porque vive en el centro o en el norte, pero la basura va a ir al sur, como siempre", manifestó uno, entre el aplauso unánime de los presentes, pese a que había sido ella la que había peleado para que los funcionarios respondan las preguntas de los vecinos.
Luego de decir que las audiencias públicas no representan más que a un sector y que es el voto el que los juzgará, el ex legislador anunció que le pidió a la Procuración de la Ciudad que anule la audiencia pública del 21 de marzo de 2003, en la que según manifestaron fuentes periodísticas y reconoció el funcionario, "corrió plata" para que 60 personas concurrieran al lugar para callar a fuerza de gritos a los vecinos de Villa Soldati que se oponen a que allí se instale una planta de residuos patogénicos de la empresa.
RESIDUOS DOMICILIARIOS
La semana que viene se firmaría el contrato con las cinco empresas a las que hace cinco días se le adjudicó el servicio de recolección de residuos. Luego vendrá un plazo de 120 días hasta que las nuevas adjudicatarias deban mantener limpia la zona que les corresponde.
En ese lapso, la firma estatal Ente Higiene Urbano comprará, a través de un sistema de lissing con el Banco Provincia, 35 camiones que se sumarán a los 25 existentes. Así trabajaran en los edificios de más de veinte pisos y en los hoteles con la recolección diferenciada de residuos.
Por otra parte, Epszteyn anunció que en breve presentará en la Legislatura un proyecto de ley de envases, que espera pueda ser ingresado parlamentariamente también en el parlamento de la Provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación. La iniciativa busca reducir la cantidad de residuos y fue consensuada y trabajada, en dos seminarios, con la Unión Industrial Argentina, con la cámara que agrupa a las productoras de bebidas no alcohólicas y con Greenpeace.
