La Boca. Lunes 9 de noviembre. 15.45. El primer disparo lo tumbó: le pegó en una pierna y lo hizo caer. Una vez en el piso, mientras se arrastraba, el ejecutor volvió a gatillar la 9 milímetros y esta vez le dio en el bazo. El tercer tiro fue en el mentón.
La escena no tiene nada que ver con un ajuste de cuentas entre narcos ni es parte de la última película de Johnny Depp, en la que el actor interpreta a un criminal que no se cansa de matar gente. Ni siquiera guarda relación con un episodio digno de esa etiqueta mediática que circula tan frecuentemente: el todoterreno “hecho de inseguridad”. El hombre que disparó tres veces, en las inmediaciones del conocido restaurante Il Matarello, en el corazón de La Boca (Martín Rodríguez y Villafañe), se llama Ricardo Ayala y es un agente de la Policía Metropolitana (PM). La persona baleada es Lucas Cabello, de 22 años, vecino del barrio, papá de una nena de dos y pareja de Camila. Al cierre de esta edición, el joven seguía luchando por volver a la normalidad desde una cama de la clínica Los Arcos, en Palermo. Ahora bien, habrá que ver qué se entiende por normalidad en la zona.
A la mañana siguiente, María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno porteño, declaró ante los medios que el efectivo policial intervino en un episodio que “en origen” fue “un caso de violencia de género”. “Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona y se agregó una consigna policial, para otorgarle protección a la mujer”, explicó la funcionaria Pro. “Ella salió de su casa gritando, con el dato de que había denunciado que su pareja la había amenazado de muerte, y el agente le dio a él la voz de alto, pero [el muchacho] no atendió el pedido y ahí se generó la reacción del policía”, contó Vidal. Una historia que nada se condice con lo que efectivamente sucedió, según declararon los testigos y obra en la causa.
Sin embargo, la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos llevó el relato al borde de la ficción: “Es importante aclarar que esto no se dio porque el policía estaba ahí de casualidad, sino por un caso de violencia doméstica: había una denuncia, la mujer tenía un botón antipánico y el policía estaba protegiéndola”. Los familiares, indignados, salieron enseguida a cruzarla a través de una carta pública firmada por Carolina Vila, mamá de Lucas, en la que le exigieron una inmediata rectificación de lo dicho: cuestionaron la maniobra oficial de “justificar lo injustificable con una mentira”. Es que no hubo ni hecho de violencia de género ni botón antipánico. Hubo, dicen a secas, gatillo fácil.
También el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, salió en defensa cerrada del policía metropolitano Ricardo Ayala, con el argumento de que el efectivo lo intenta “identificar”, cuando “esa persona extrae un arma y él le dispara”.
Por su parte, hasta el propio subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, contradijo a la vicejefa local: “La Policía Metropolitana tiene un protocolo para este tipo de casos. No justificamos el accionar policial, el oficial está en disponibilidad. Se dijo que la víctima podría haber sido la expareja de la mujer que tenía el botón antipánico pero no es así”.
Fuentes de la PM consultadas por este medio advirtieron que, probablemente, una discusión entre Ayala y Cabello haya originado tal desenlace, semejante reacción del agente. Sucede que se conocían: Lucas vivía a escasos metros de donde fue baleado y el policía oficiaba de custodia en el lugar. El joven venía de la panadería y terminó arrastrándose hasta la puerta de su casa, en Martín Rodríguez 559, con tres balas encima.
De acuerdo a la causa, una vecina de Cabello, que había realizado una denuncia por problemas con los vecinos, solicitó el botón antipánico. De allí se entiende la presencia del agente Ayala en la cuadra del domicilio de Lucas. En la causa figuran, también, los testimonios de tres testigos que aseguraron que Ayala le disparó a Cabello a sangre fría. A su vez, en el acta de detención de Ayala, firmada por el comisario a cargo de la Comisaría 24 de La Boca, Daniel Gularte, se expone que en la escena del lunes 9 de noviembre a las 15.45 en Martín Rodríguez y Villafañe, “hay sangre alrededor de Lucas [Cabello]”, “tres vainas servidas calibre 9 milímetros” y, un dato que se contrapone a la versión que fundamentaba el accionar de Ayala, no aparece ningún arma alrededor de Lucas. Es decir, ni la estrategia del enfrentamiento suena verosímil.
“Hubo una inmediata actuación del área de Violencia Policial de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que fue fundamental para que no se desnaturalice la investigación”, refirieron a NU los abogados de Cabello. El letrado que patrocina a Ayala, por otra parte, es Santiago de Jesús, abogado de los policías de la Metropolitana involucrados en la represión del Parque Indoamericano en diciembre de 2010.
“Para nosotros es uno de los casos más graves de actuación judicial. El fiscal ya hizo declaraciones donde dice que no hay pruebas de que Lucas estuviese armado. Los vecinos dicen que fueron disparos a quemarropa, no como dicen desde el Gobierno de la Ciudad y Vidal. Nosotros queremos marcar lo que hace la Metropolitana y el uso de la fuerza letal. Por ejemplo, en 2010, hubo 28 casos con heridos y ejecuciones. Son situaciones de uso de la violencia irracional, que están reproduciendo las prácticas de la policía histórica de la Argentina. Y las autoridades salieron a justificar el asunto. Es preocupante el posicionamiento de funcionarios que justifican que la policía mate”, sostiene Paula Litvachky, directora del área de Violencia y Seguridad del CELS.
Y agrega: “En el caso del Indoamericano y el hospital Borda, la respuesta de la Ciudad fue una justificación del uso de la fuerza irracional e injustificada. Hay mucha sensibilidad en el barrio, porque además de la ejecución a Lucas hubo una respuesta de los funcionarios responsabilizando al propio pibe y justificando a la Policía. Si el que dispara no es un policía y es un pobre, queda preso. Acá el policía está libre. Queda claro que Lucas, además, no estaba armado”.
En menos de un año, la fuerza de seguridad porteña, de Rivadavia al sur, protagonizó varios casos de violencia institucional. Lamentablemente, la mayoría terminó con jóvenes muertos, familias destrozadas y ningún detenido. En diciembre pasado, en Barracas, una patrulla policial atropelló y mató a Nehuén Rodríguez, un chico de 18 años que salía a festejar el ascenso de Huracán. Meses después, Robertito Autero, de 16 años, alumno de la escuela Isauro Arancibia, fue asesinado de un tiro en la nuca por otro agente metropolitano.
Entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes en manos de esta fuerza. Una de las más paradigmáticas fue, justamente, la de Bruno Germán Pappa. Corría septiembre de 2011, cuando el muchacho fue asesinado por el agente de la PM Enzo Fabián Álvarez, cuando estaba en el piso en estado de indefensión. Álvarez fue condenado a cadena perpetua por “homicidio agravado” en esa misma causa. Y su caso fue, ni más ni menos, el primer eslabón de una cadena de gatillo fácil en la fuerza porteña que llegó a un juicio oral y público y terminó en una condena. Primer eslabón de una cadena aparentemente interminable.
“Lucas es un pibe de paz, que solo quiere estar con su hijita y formar una familia. Es falso lo que dijo Vidal, Lucas no tenía ninguna orden de restricción ni nada similar. La Policía Metropolitana estaba ahí por temas de otros vecinos que nada tienen que ver con nosotros. El policía lo atacó a Lucas a sangre fría, lo quiso matar”, contó a Noticias Urbanas Camila Magallanes (ver nota aparte), pareja del pibe baleado.