El subsecretario de Ingresos Públicos de la Ciudad, José Luis D’Ipólito, se convirtió de la noche a la mañana en el hombre más odiado por muchos porteños, algo que es una tradición en la conflictiva relación que desde el fondo de los tiempos sostuvieron los ciudadanos y los recaudadores.
En esta ocasión, la piedra del escándalo fue la decisión de D’Ipólito -que no es reciente, ya que fue tomada el 31 de octubre pasado, tal como lo establece la Ley Fiscal- de actualizar las patentes de los automóviles al valor fiscal que éstos poseen actualmente, que equivale al valor del mercado, menos el cinco por ciento.
"En el 2002 no aumentamos los valores de las patentes, a pesar de que las valuaciones de los autos se incrementaron en forma dramática" -explicó el subsecretario. "El Artículo Nº 238 de la Ley Fiscal me obliga a fijar los valores de las patentes, que debe ser equivalente al 3,52 por ciento del valor del vehículo y eso es lo que hicimos. Los diputados que se opongan a que esto ocurra podrían reunir 31 votos y modificar la ley que me obliga a mí a hacer lo que termino de explicar. Así funciona la democracia", remató el funcionario.
De todas maneras, del millón de vehículos que están empadronados en la Ciudad de Buenos Aires, 400 mil están exentos porque fueron patentados hace más de 12 años; otros 400 mil poseen una valuación fiscal de menos de 15 mil pesos y sólo 200 mil, que cuestan más de 15 mil pesos, vieron sus valores incrementados en diferentes porcentajes. Lo único que falta evaluar es cuántos de los 400 mil titulares de los automóviles que cuestan menos de 15 mil pesos están al día con sus pagos y podrán acogerse al beneficio, ya que ésta es una condición "sine qua non" para que puedan hacerlo.
D’Ipólito se mantuvo inflexible acerca de una posible marcha atrás del Gobierno porteño. "Éste es un impuesto progresivo y no regresivo, ya que se recaudará entre los más ricos de la población, para ser repartido luego entre los más pobres".
