Para comenzar a elaborar una historia de la Ley N° 26.522/2009, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también fue conocida como la Ley de Medios –muchas veces acompañada de una K mayúscula, tal fue la guerra encarada por algunos medios contra su sanción– habría que decir que no fue una ley que creó, ni propuso, ni pergeñó siquiera el gobierno que encabezaba por entonces Cristina Fernández de Kirchner.
En el año 2004, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) convocó a una larga lista de sindicatos relacionados con la comunicación, universidades, organizaciones sociales, otras radios comunitarias, pequeñas radios comerciales –por entonces, absolutamente ilegales, tanto que se las conocía como “radios clandestinas”– y organismos de derechos humanos para plantear la necesidad de jubilar la vieja Ley de Radiodifusión, que llevaba el número 22.285 y que aún seguía en vigencia, a pesar de haber sido firmada por el dictador Jorge Rafael Videla y por todo su gabinete en 1981.
De estas reuniones surgió primero la Coalición por una Radiodifusión Democrática y luego nacieron “Los 21 Puntos para una Radiodifusión Democrática” –uno por cada año cumplido por la incipiente democracia desde 1983–, que fueron la decantación de los debates que se produjeron en 24 foros realizados a lo largo y a lo ancho de todo el país.
El 22 de abril de 2008, los miembros de la Coalición fueron recibidos por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la que le entregaron el proyecto que incluía los 21 Puntos y ella prometió que lo enviaría al Congreso para su sanción.
Luego de todo este proceso, el Poder Ejecutivo envió el proyecto a la Cámara de Diputados para convertirlo en ley. Finalmente, el 17 de septiembre de 2009, el proyecto fue aprobado en la Cámara baja por 147 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El 10 de octubre siguiente, el Senado le dio sanción definitiva a la ley, por 44 votos a favor y 24 en contra. En el proceso parlamentario, la ley sufrió más de 100 modificaciones, casi todas ellas propuestas por la oposición, algunas que mejoraban el proyecto y otras que fueron aceptadas por el oficialismo para sumar los votos que facilitaran su aprobación.
Luego, el 29 de octubre de 2013, tras una larga serie de amparos presentada por el Grupo Clarín, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo de 392 páginas por el que dictaminó la validez de los artículos 41, 45, 48 y 161 y la constitucionalidad de la ley en sí misma. El dictamen contó con los votos positivos –sin observaciones– de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni. Eduardo Maqueda y Carmen Argibay, por su parte, observaron dos artículos de la ley, el 48 y el 161, que obligaban a desinvertir en el plazo de un año a las empresas que se excedieran en la propiedad de medios de difusión. Carlos Fayt votó por la inconstitucionalidad de toda la ley, en especial los artículos mencionados anteriormente.
Aguad: “No va a subsistir”
Cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación, ya había emitido hacía tiempo su opinión acerca de la Ley 26.522. Todos sabían que iba a hacer lo que fuera necesario para neutralizarla o, incluso, derogarla. Al fin y al cabo, todo es una cuestión de mayorías y minorías parlamentarias.
Por lo pronto, el mismo día en que asumió, Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13/2015, que modificó la Ley de Ministerios, creando el Ministerio de Comunicaciones y poniendo bajo la órbita de este a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que vigila por el cumplimiento de la Ley 26.522, y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
El mismo decreto contiene el nombramiento del liquidador de ambas instituciones, que recayó en la persona del radical cordobés Oscar Aguad que, para acortar la angustia de los afectados, ya advirtió: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno”.
Para explicar su posición, el cordobés agregó que “la norma fue creada para aniquilar a medios de comunicación, como por ejemplo al Grupo Clarín, y también a otros, como Cadena 3, con los que el Gobierno no estaba de acuerdo”. Todo esto, hablando ante los micrófonos de la propia Cadena 3.
En su voluntad de explicitar las acciones que va a llevar a cabo, Aguad destacó que la gestión de Cambiemos tendrá una “filosofía totalmente contraria” a la que llevó adelante el gobierno del Frente para la Victoria y que la “libertad de informar” y “de estar informado” será “absoluta”.
Para rematar, Aguad adelantó: “Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.
Macri designó para reemplazar al actual titular de la Afsca, Martín Sabbatella, que fue nombrado con acuerdo parlamentario, a su secretario de Medios, Miguel de Godoy, que el 11 de diciembre último se reunió con aquel. Sabbatella le anticipó que no piensa presentar la renuncia, ya que su mandato vence en 2017, porque la intención expresa de los legisladores fue la de evitar que el mandato del titular del organismo coincidiera con el de los presidentes. De Godoy fue comisionado por Mauricio Macri para que empiece a preparar los cambios que considera que deben hacérsele a la Ley de Medios, ya que su administración se propone presentar un nuevo proyecto ante el Congreso.
Al día siguiente del encuentro –y de la negativa de Sabbatella–, el titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 11, Claudio Bonadio ordenó allanar las oficinas del organismo, lo que motivó la contrariedad de Sabbatella, que declaró que “esto es parte de una trama que involucra al partido judicial, sectores corporativos mediáticos y ahora a un sector de la política que está al frente del Estado”.
El pasado lunes, miles de manifestantes se congregaron en la Plaza de Mayo para defender la Ley de Medios votada durante el gobierno anterior. La marcha se replicó también en otros puntos del país, como Córdoba, Rosario y Santa Fe.