El jueves 1 de noviembre, Noticias Urbanas publicó una nota en la que el delegado adjunto en la Legislatura porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel de Santis, realizó fuertes declaraciones en contra de Jorge Enríquez, Gastón Aín y Antonio Reyes, respectivos vicepresidente primero, secretario administrativo y director de recursos humanos de la mencionada casa legislativa. Según afirmó este martes el delegado gremial, éstas habrían influenciado en la decisión de las autoridades administrativas de darlo de baja.
Durante el reportaje que habría sido determinante de su suerte, De Santis estuvo acompañado por José Viola, también representante de ATE. En esa ocasión, ambos denunciaron "un apriete constante" de parte de las autoridades administrativas de la Legislatura, que incluía reducciones de sueldos y despidos, algo que por ley no puede efectuarse sobre los delegados gremiales. También cruzaron acusaciones con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), otra entidad sindical con representación en la Legislatura.
El delegado gremial cesanteado pertenecía a la denominada planta transitoria -empleados contratados por los diputados- y se desempeñaba como asesor en el despacho del legislador socialista Abel Latendorf. Éste último decidió dar por finalizado su contrato el 17 de octubre y para ello se dirigió por carta a la administración. Según sostuvo De Santis, el pedido había quedado en suspenso hasta que, "por intermedio de Jorge Enríquez", se decidió darle curso.
Por su parte, el secretario general adjunto de ATE, Leopoldo González -quien, junto con otros dirigentes, mantuvo un encuentro con Aín para intentar evitar la baja de De Santis- expresó, a través de un comunicado, que la baja del gremialista constituye "un nuevo ejemplo de impunidad" de parte de las autoridades de la Legislatura. También criticó al secretario administrativo por haber defendido el derecho de los legisladores de "disponer discrecionalmente de los trabajadore" por sobre "la ley nacional y los convenios internacionales".
NO LO RECONOCEMOS
Consultado al respecto por Noticias Urbanas, el diputado Enríquez negó terminantemente cualquier influencia periodística al momento de firmar la baja. Afirmó que ésta fue pedida por Latendorf el 17 de octubre "para que se hiciera efectiva a partir del día 31". También aseguró que, si bien la otorgó el mismo día que se publicó la nota, lo hizo por la mañana ya que por la tarde tenía que presidir la sesión legislativa.
Según Enríquez, Latendorf estaba en todo su derecho de dar por finalizado el contrato de De Santis cuando quisiera, puesto que "a los trabajadores pertenecientes a la planta transitoria, los da de baja cuando quiere el diputado que los nombra".
El vicepresidente primero afirmó que la administración de la Legislatura no considera delegados a quienes se desempeñen como empleados "transitorios" o "contratados por locación de servicios" (esta última es una categoría laboral aún más inestable que la primera). Para Enríquez lo impide la Constitución de la Ciudad. "Ésta expresa claramente que los empleados transitorios no pueden permanecer en sus empleos por más tiempo que el diputado que los nombra. Es por eso que los empleados transitorios no pueden ser delegados".
Gastón Aín coincidió en este punto con Enríquez. "Acá hay una picardía política de parte de los miembros de ATE, que impulsan como delegados a gente de la planta transitoria y después apelan a la licencia gremial, que establece que los delegados no pueden ser despedidos durante los dos años que dura su mandato, más un año de gracia", argumentó. "Si los empleados transitorios elegidos delegados fueran reelectos indefinidamente -prosiguió Aín- terminarían conviertiéndose en empleados de planta permanente. Y estos son puestos a lo que se accede por concurso". Una posición similar fue expresada hace unos días por Eduardo Curto, delegado de SUTECBA, que acusó a ATE de estar generando una "bolsa de trabajo".
El asunto se plantea como un conflicto de leyes. Los miembros de ATE aseguran que tienen a la legislación nacional y a los convenios internacionales de su lado, que establecen que no se puede despedir a los delegados gremiales. La administración de la Legislatura afirma que no reconoce como delegados a los miembros de la planta transitoria y que, por lo tanto, estos derechos no cuentan. Como están las cosas, todo hace pensar que la Justicia deberá resolver esta cuestión.
