El Gobierno avanza con sus reformas en el plano judicial, a través de dos nuevos decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri.
El primero transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia y el restante suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, prevista para el 1° de marzo próximo.
Este último, deroga todas las normas dictadas por leyes del Congreso relativas a la implementación del nuevo Código. Ahora, la facultad de decidir cuándo y cómo se aplicará efectivamente quedaría en cabeza de la comisión bicameral.
Entre lo que también deroga el decreto están todos los capítulos que se introdujeron en las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa referidos a la implementación del nuevo Código.
Esos capítulos preveían nuevas facultades para la procuradora; según el ministro de Justicia, Germán Garavano, “exorbitantes”. Además, el decreto elimina los 1700 cargos cuya creación estaba prevista en un anexo de la reforma procesal.
