El lunes a las 10 de la mañana, finalmente, la Legislatura porteña va a iniciar su primera sesión extraordinaria del año, en la que votará exclusivamente por sí o por no si aprueba el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente que se votará lleva el número 39.018.740-MGEYA-DGTALMJYS/15 y el título es “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El convenio fue firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el 5 de enero último, mientras que el expediente lleva la fecha del 11 de enero.
De esta manera, quedaría definitivamente derogada en todos sus artículos la Ley Nº 24.588/95, que llevó el nombre del relator que la presentó ante el Congreso, el exgobernador peronista bonaerense Antonio Cafiero. De esta ley fueron siendo derogados algunos artículos a lo largo de los años, que significaron entonces traspasos parciales hasta el lunes, cuando quedaría derogada en casi toda su extensión.
Transición y consolidación
En el convenio queda expresamente establecido que existirá un traspaso parcial (lo llamaron “de transición”) que se extenderá a lo largo de un año, tras el cual comenzará la etapa denominada “de consolidación”.
El ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, ya estuvo reunido con algunos bloques opositores para informarles acerca de los detalles del convenio que se tratará el lunes.
Entre otros, estuvieron reunidos con Ocampo, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; la vicepresidenta segunda de la Legislatura, Carmen Polledo, y los integrantes del interbloque ECO, que abarca al bloque Suma+, a la Coalición Cívica-ARI, al Partido Socialista y al Partido Socialista Auténtico. También estuvo presente en la reunión, que se realizó el martes último, la legisladora Graciela Ocaña.
Maximiliano Ferraro, integrante del segundo de los bloques mencionados, declaró ante Noticias Urbanas que el martes último estuvieron “reunidos con Ocampo y con el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli”. “Nosotros estamos bien con la decisión tomada de traspasar la Policía Federal a la Ciudad, por supuesto, porque aporta al proceso de más autonomía iniciado en 1994, cuando se aprobó la nueva Constitución Nacional y que se continuó cuando en 1996 se aprobó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que había sido cercenado por la Ley Cafiero”, expresó.
“Es muy importante que se sume al derecho de los porteños a la seguridad y es también fundamental que la transferencia se haya realizado con los fondos necesarios para sostener la estructura. A esto habría que sumarle la transferencia de algunos fueros judiciales que aún faltan pasar a la Ciudad, como algunas competencias penales, que fueron parcialmente traspasadas, el fuero civil y comercial, el juego y la Inspección General de Justicia”, agregó Ferraro.
A continuación, el legislador planteó: “Evaluando el convenio, nosotros acompañamos en el caso de que exista una sola fuerza en la Ciudad, porque pensamos que no debe haber doble comando, sino un solo jefe”, lo que ocurrirá recién a partir del año próximo.
Ferraro también solicitó a los funcionarios porteños “la creación de un plan de seguridad y la creación de un registro de estadística criminal, para planificar adecuadamente el plan”. “También pedimos que se haga una revisión de las fojas de servicios del personal transferido y que se le dé importancia a la división de asuntos internos.”
“Lo más importante que le dijimos al ministro de Justicia y Seguridad es que debe existir un Plan de Metas que esté completamente sujeto a la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, que rige el accionar de la Policía Metropolitana”, dijo el legislador.
“Durante un año –explicó Ferraro– coexistirán dos fuerzas, que nosotros creemos que deben estar sujetas a una clara jefatura de Ocampo y el jefe de Gobierno.”
Un punto conflictivo que plantearon los legisladores del interbloque ECO está relacionado con que “no se debe dar lugar a la policía a que ejerza el autogobierno”. “Nosotros entendemos la verticalidad de los mandos, pero deben existir auditorías de gestión y la participación de controles civiles”, expresó Ferraro.
De todos modos, para implementar estos cambios, según el legislador, “habrá que modificar la Ley de Seguridad Pública, que fue diseñada para el funcionamiento de la Policía Metropolitana, porque ahora, con el traspaso, cambia todo”.
–Entonces, ¿el lunes van a votar por el sí al convenio?
–Nosotros vamos a votar la aprobación del convenio, con estas objeciones que planteamos, que fueron bien recibidas por Ocampo. Además –y esto tampoco fue mal recibido–, planteamos la creación de una comisión de seguimiento y control de la transición y la consolidación.
“El debate del lunes va a ser interesante, porque la ocasión es histórica, porque en todos estos años hubo amparos, demandas y hasta una discusión en la Corte Suprema, que se expidió favorablemente a la transferencia, por eso decimos que la Nación no nos regala nada”, finalizó el legislador.
Lo que incluye el traspaso
Los 20 mil efectivos que revistan en la Superintendencia de Seguridad Metropolitana se sumarán a los 6 mil efectivos de la Policía Metropolitana (PM) que ya actúan en la Ciudad, con los que en un año confluirán en una sola fuerza.
El traspaso incluye a las 54 comisarías que integran Seguridad Metropolitana, la Superintendencia de Bomberos, la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad), la Policía Montada, el Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) y el Cuerpo Guardia de Infantería.
A estas reparticiones se agregarían ciertas áreas muy importantes, como la Superintendencia de Investigaciones Federales, la División Robos y Hurtos, y la División Homicidios, al igual que ciertas direcciones de la Policía Científica.
El trabajo de la fuerza traspasada y el de la Metropolitana sería coordinado por un funcionario político ligado al ministerio que conduce Martín Ocampo.
Apenas asumió su cargo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, le encomendó a Ocampo que se pusiera en contacto con los jerarcas de la Federal y con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación para trabajar en un traspaso que conformara a los federales.
Las reuniones del nuevo ministro de Justicia y Seguridad porteño fueron febriles. Pero, en principio, llegaron a buen puerto. Ocampo pactó con la fuerza que los traspasados no perderían su estatus en la Federal (o sea, que seguirían perteneciendo a la PFA) a pesar de recibir órdenes del Gobierno de la Ciudad, y que, además, se nombraría un secretario de Seguridad que sería el nexo entre los policías federales traspasados a la Ciudad, la Metropolitana, los funcionarios porteños y los funcionarios nacionales.
De esta manera, el resto de la estructura de la Policía Federal se dedicaría exclusivamente a delitos federales.
Por su parte, Garavano ya definió las atribuciones específicas que tendrán los uniformados de la Federal que sean traspasados a la Capital. Lo que ya quedó claro es que estos seguirán vistiendo de azul, usarán los mismos patrulleros, se atenderán en el hospital Churruca y tendrán la misma caja de retiros, mientras que los integrantes de la Metropolitana continuarán igual.
El jefe de los federales de la Ciudad será un integrante de la PFA. Es muy poco probable que sea el comisario Néstor Calviño, actual jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Calviño pasará a retiro y se nombrará a un nuevo jefe.
Así, habrá dos jefes, ya que la PM tendrá un jefe propio. Una vez que se acordó cómo sería el traspaso, desde la Ciudad, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que a partir de enero el pase se haría realidad.
Lo mismo, la realidad demuestra a cada instante que el plan perfecto no existe. Eso es lo que más preocupa a los funcionarios del Pro. Más si se tiene en cuenta que las dos patas del plan las integran los políticos y los policías, quienes, como es sabido, hablan dos idiomas completamente distintos.
