En la resolución que define los aumentos en la energía eléctrica domiciliaria, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, también quedó establecida la fijación de una tarifa social -que abarca a un 20 por ciento de la población, que posee los ingresos más bajos de la escala-, que será establecida por el Ministerio de Desarrollo Social que está a cargo de Carolina Stanley.
En los considerandos del texto quedó especificado que “teniendo en cuenta la trascendencia social del servicio eléctrico, se entiende que parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general”.
Luego, se agregó “que tal hecho impone la necesidad de definir un volumen de energía del total de los Agentes Prestadores del Servicio Público de Electricidad a un precio denominado de Tarifa Social, para ser transferido a precio mínimo a quienes integren dicho universo de usuarios finales según los criterios de calificación y asignación que comunique el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
“Que, complementando lo anterior, la metodología para determinar el volumen de energía para el traslado de la Tarifa Social a los usuarios finales será la que establezca la autoridad nacional competente”.
Anteriormente, el ministro de Energía, Juan Aranguren había anticipado que se iban a conservar los subsidios a los hogares de menores ingresos, de los que el sector más sumergido seguirá recibiendo hasta 150 megawatts sin cargo, que es la energía que permite el funcionamiento básico de un hogar, que incluye a los artefactos lumínicos, la heladera y el televisor. Estos beneficiarios no deberán exceder este consumo y, si lo hicieran, deberán afrontar el gasto.
Pero existe otro sector, que, sin llegar a permanecer bajo la línea de pobreza, se encuentra cercano. Este sector abarca a otro 20 por ciento -como, por ejemplo, los que no tienen un empleo fijo- y para ellos los aumentos serán progresivos.
