El abogado Eduardo Barcesat denunció penalmente al presidente Mauricio Macri, a la vicepresidente Gabriela Michetti y a varios ministros por el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia para “sortear la intervención del Poder Legislativo”.
La presentación del jurista recayó en el Juzgado Federal Nº 4, del cual el titular es Ariel Lijo. Barcesat denunció que los integrantes del Poder Ejecutivo ejercieron, al dictar esa “catarata” de DNU’s, “un mecanismo autoritario”, que procura “una política de hechos consumados para cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación”.
“Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley”, denunció el abogado de Madres de Plaza de Mayo.
Uno de los aspectos principales de la denuncia tiene que ver con el DNU que instauró la emergencia de la seguridad pública, por medio del cual se autorizó el deribo de aviones, que según Barcesat “introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario”.
Éste incluyó en la denuncia además al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña y a los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia, Germán Garavano; de Interior, Rogelio Frigerio y de Seguridad, Patricia Bullrich, a los que imputaría por los delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
Finalmente, al cabo de las seis carillas que posee la presentación, Barcesat alega que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, al tiempo que añade que “no puede dubitarse que se trata de materia penal. Basta con leer los supuestos penales a los que se aplican las disposiciones de la emergencia. Para comprender la dimensión de la transgresión y quiebre de la prohibición constitucional”.
