El gobierno de Mauricio Macri acaba de elegir a Maximiliano Rusconi, abogado de Diego Lagomarsino, uno de los involucrados en la muerte de Alberto Nisman, como postulante a ocupar la fiscalía general de Casación, un cargo clave cuyo concurso permanecía abierto desde noviembre de 2014.
Rusconi había logrado el mejor puntaje de antecedentes para ocupar esa fiscalía, pero la Procuradora Alejandra Gils Carbó demoró la resolución y, tras un cambio en el método de evaluación, cuando definió la terna para elevar al Ejecutivo incluyó al fiscal Alejandro Alagia, un penalista que integra la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, y a Marcelo Ferrante.
En diciembre, el Presidente Mauricio Macri retiró el pliego de Alagia y ahora lo reemplazó por Rusconi.
Lagomarsino fue el perito informático que le prestó el arma al fiscal Nisman, con la que terminó matándose. Su actuación en el caso despertó muchas hipótesis, como así también la contratación de un abogado tan importante y caro como Rusconi. Algunos no se explican cómo hace para pagarle.
