Piquetes, manteros y trapitos. Tres conflictos distintos pero que tienen un denominador común: el espacio público. En esa línea está parado el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, quien habló con Noticias Urbanas sobre la política de seguridad del macrismo, ahora que Horacio Rodríguez Larreta está en la Ciudad y Mauricio Macri en la Nación. “Queremos recuperar el espacio público”, afirmó el exfiscal general.
En esa estrategia enmarcó también al flamante protocolo de seguridad antipiquetes, que Patricia Bullrich lanzó con el apoyo de las provincias. “El protocolo es una apuesta grande que, más que encontrar mecanismos de intervención policial, busca mecanismos de reflexión”, explicó el funcionario porteño.
Anticipó que con la unificación de las policías Metropolitana y Federal espera sumar 400 efectivos más en las calles y cuestionó: “Antes se dejaba hacer y ahora la policía hace”.
Y se refirió al reciente ataque al local de Nuevo Encuentro, del kirchnerista Martín Sabbatella, con quien se reunió el martes pasado.
–Usted fue al local de Nuevo Encuentro luego de que ocurrió el violento ataque a balazos a varios militantes. ¿Cree que se podrá resolver pronto lo que sucedió?
–Yo aspiro a que el hecho se resuelva lo más rápido posible, es totalmente repudiable. Queremos dar con los responsables. Es un caso complejo para resolver pero tengo esperanza en el trabajo del fiscal.
–Por ese hecho, el sábado hubo un fuerte operativo policial de la Metropolitana, que ahora está en una etapa de unificación con la Federal. ¿Cómo va el traspaso de la fuerza, que ya lleva varias semanas?
–Va muy bien y estamos trabajando con todo el equipo de Nación y la Ciudad. Yo te diría que operativamente está funcionando. Ya se ve a la Metropolitana custodiando los partidos de fútbol que hay en la Capital Federal. Y también con el tema de los trapitos.
–¿En ese sentido hubo un cambio de política? Porque en el último superclásico hubo denuncias de que los trapitos pidieron hasta 500 pesos.
–Ahora cambiaron las prioridades del accionar policial. Antes se dejaba hacer y ahora la policía hace. Hay una mirada activa sobre el rol que tiene que tener la policía. Antes la idea era mirar para el costado.
–En este período de traspaso, ¿la Metropolitana tiene que aprender de la Federal o es al revés?
–La idea es que ambas aprendan lo mejor de cada una de ellas. Si algo funciona bien ahora es la coordinación operativa entre las dos fuerzas. Hay muy buen entendimiento entre los jefes y los subalternaos. Un ejemplo fue el del protocolo de seguridad, donde trabajamos coordinadamente en las últimas manifestaciones.
–El actual jefe de la Federal, Román Di Santo, fue designado por el kirchnerismo en 2012. ¿Cómo trabaja con él?
–Él es parte del proceso, tenemos muy buena relación. Y estamos al tanto de toda la información y las cosas que se van obteniendo en este proceso de coordinación de ambas fuerzas. Ahora hay un trabajo que tiene que ver sobre cuestiones administrativas, como el sistema de navegación de redes, el presentismo, los escalafones, el equipamiento y la provisión de recursos.
–Durante este año de coordinación de las fuerzas actúan Guillermo Calviño, de la Federal, y Horacio Giménez, actual jefe de la Metropolitana. ¿Quién va a quedar a cargo de manera definitiva?
–Los dos trabajan en conjunto. La idea es fusionar la fuerza y, a partir de eso, tomar la decisión de cómo nos organizamos. Estamos en un trabajo de estudio y readecuación de los sistemas de trabajo y el protocolo de actuaciones.
–Días atrás, la Corte Suprema avaló el uso de las pistolas eléctricas Taser. ¿Se van a usar, efectivamente?
–El fallo de la Corte Suprema no dio lugar a un amparo que se presentó años atrás ante la supuesta decisión de la Ciudad de usar las armas Taser. La Corte dice que la Ciudad no tiene ningún tipo de problema para usar estas armas, pero, más allá de eso, no hay una decisión tomada al respecto, no está en los planes.
–¿Se sumarán más policías este año?
–El proyecto nuestro es que haya más policías en la calle. Estamos trabajando en muchas aristas, porque hay policías, por ejemplo, que están haciendo trabajos administrativos o de recepción de denuncias. Nosotros hicimos una propuesta para que, prima facie, haya 400 efectivos más este año.
–¿Cree que el flamante protocolo de seguridad antipiquetes es efectivo?
–El protocolo está ahora en un proceso de consulta pública en la web del ministerio, como uno de los mecanismos de participación ciudadana. Pero hay que tener en cuenta que es la conclusión de un proceso de discusión entre todos los ministros de Seguridad. Es decir, hay unanimidad en que los piquetes son un problema que hay que abordar. No puede ser que sean descontrolados, sobre todo en las calles de la Capital y en las rutas de las provincias, donde los cortes dejan a las ciudades aisladas.
–¿Pero es la solución definitiva? Porque generó bastante repudio.
–Lo que hay es una clara idea de que tenemos que encontrar una manera de convivir armónicamente frente al derecho a manifestar y protestar, y que la Ciudad no vea entorpecido su normal desenvolvimiento. El protocolo es una apuesta grande que, más que encontrar mecanismos de intervención policial, busca mecanismos de reflexión. En doce años no se hizo nada, y no se va a cambiar nada en tres días por la sanción de un cuerpo normativo. Hay patrones que hay que cambiar. Lo que sí se cambió de un día para otro es la decisión política.
–¿Con los manteros la política es la misma?
–El Gobierno no va contra los manteros, sino que lo que busca es recuperar el espacio público, que es de todos y para todos. No puede ser que algunos lo privaticen. Nosotros no vamos a alentar eso. Estamos en un trabajo que también depende de los juzgados y de la Justicia de la Ciudad, que ordena los desalojos. Igual, nosotros podemos intervenir según la circunstancia.
–¿Usted dice que con este nuevo gobierno no habrá trapitos, manteros ni piquetes?
–Sobre los tres conflictos tenemos una misma mirada en términos del espacio público, que hay que cuidar. El espacio público es un lugar de todos, y no es armónico que alguien lo tome y lo explote. La Argentina tiene un problema, diría, de vinculación de incumplimiento de la ley. El sometimiento de todos a la ley nos hace más libres. Tenemos que ir buscando eso rápidamente.
