“Lamentablemente, el Gobierno ha desperdiciado la oportunidad de posicionar la política ambiental como un tema de Estado. No hay avances significativos en la aplicación de las leyes de Bosques y de Glaciares. A esto se suma que la baja de las retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las correspondientes a la minería estimulan indirectamente los desmontes en el norte del país y la desprotección de los glaciares en la Cordillera, respectivamente”, advirtió Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
¿Por qué plantea este panorama? El dirigente ecologista lo explica así: “Estas decisiones del Gobierno, combinadas con la devaluación de casi el 60 por ciento de nuestra moneda, significan una mejora notable en la rentabilidad de dos actividades destructoras del ambiente. Se está estimulando a los productores sojeros a aumentar la presión sobre los bosques nativos para aumentar la superficie cultivable y a las empresas mineras a continuar su actividad extractiva a costa de nuestros glaciares”.
La advertencia de Greenpeace Argentina tuvo lugar luego de que se cumplieran los primeros cien días de gestión de Mauricio Macri y de que su gobierno no adoptara ninguna de las medidas que, en enero de este año, los directivos de la organización ecologista le sugirieron al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, a través de un petitorio.
El documento, denominado “10 medidas para 100 días de gobierno”, fue realizado conjuntamente por Greenpeace Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Allí se reclama el fortalecimiento de la Ley de Bosques; el cumplimiento de la Ley de Glaciares; el impulso a la Ley de Humedales; un sistema de información ambiental; que se actúe sobre el impacto de los agroquímicos; políticas para la promoción de las energías renovables; la sanción de la Ley de Basura Electrónica; la cancelación de la central térmica a carbón de Río Turbio y de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, y un fuerte impulso al saneamiento del Riachuelo.
Pasados los primeros meses de gestión sin tener ninguna respuesta concreta, Greenpeace volvió a remarcar la ausencia de políticas concretas que permitan resolver los problemas ambientales que afectan al país.
Los diez reclamos, uno por uno
La implementación de la Ley de Bosques es el primer ítem de la lista detallada en el informe que le presentó Greenpeace al Gobierno nacional a principios de año y que, hasta ahora, no obtuvo ninguna respuesta positiva. Con respecto a los bosques, la organización ecologista reclamó al Poder Ejecutivo la actualización y difusión del Registro Nacional de Infractores, que incremente sustancialmente el presupuesto asignado a la ley y que los ordenamientos territoriales que realicen las provincias mantengan los niveles de protección alcanzada hasta el momento. Estas medidas deberían orientarse, según Greenpeace, a evitar el avance ilegal sobre los bosques. El problema es que desde la sanción de la ley, en diciembre de 2007, hasta fines de 2014 se deforestaron más de dos millones de hectáreas, de las cuales 620 mil eran bosques protegidos. El informe, además, llamó a “atender de manera urgente” la problemática socioambiental del avance de los desmontes en áreas habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales, un proceso muchas veces teñido de violencia, “que excede y corre por carriles distintos a los de la audiencia pública”.
El cumplimiento de la Ley de Glaciares es el segundo punto del informe. Allí, Greenpeace exigió que se complete y publique el Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, que se avance en la definición de las zonas prioritarias y que se brinden al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) los recursos suficientes para llevar a cabo estas tareas.
El punto tres del informe solicita al Ejecutivo que reimpulse en el Congreso el proyecto de Ley de Protección de Humedales. Esta iniciativa promueve la creación de un inventario de humedales para su conservación y, también, límites a desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y de vuelcos de desechos que puedan afectar sus características ecológicas.
La organización también pidió impulsar un amplio sistema de información ambiental (punto cuatro del informe), a partir de la creación de un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) que contenga información actualizada y de acceso público sobre sustancias químicas contaminantes o potencialmente dañinas para la salud y el medio ambiente que son emitidas directamente al suelo, al aire o al agua por establecimientos industriales u otras actividades, como el transporte, la minería o la agricultura. Ese registro debería incluir, además, información sobre el tratamiento o eliminación de residuos contaminantes peligrosos.
Los agroquímicos son otros productos que están en la mira de Greenpeace, que, en el punto quinto de su informe, solicitó al Gobierno nacional que actúe al respecto para evitar daños en la salud de la población. La organización pidió que se haga una revisión del impacto ambiental de aquellos agroquímicos que se utilizan en el país, considerando las últimas publicaciones científicas en la materia, entre las que se encuentra un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la vinculación del glifosato con el cáncer. También, la organización ecologista consideró “imprescindible” que la máxima autoridad ambiental nacional promueva la restricción de manera inmediata de todas aquellas modalidades de uso de agroquímicos que puedan poner en riesgo de daño a la salud pública. Y expresó que el Ministerio de Ambiente debería participar en el proceso de revisión de la aprobación de las semillas transgénicas que conllevan el uso de mayores cantidades de agroquímicos, analizando y evaluando los impactos sobre el ambiente y la salud de las personas.
Greenpeace también planteó que se cumpla el siguiente objetivo: que en 2017, el ocho por ciento del consumo de energía eléctrica sea a partir de fuentes de energía renovables. Para eso, propuso que el Gobierno nacional trabaje en la reglamentación y efectiva implementación de la Ley Nº 27.191 que establece el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. También, en el mismo sentido, propuso que se impulsen los instrumentos legales, tributarios y administrativos que promuevan el desarrollo de la biomasa y el biogas. Y, finalmente, que se delinee un plan de acción con medidas concretas de cumplimiento que permitan alcanzar en 2050 la meta internacional de que el 100 por ciento del consumo de energía provenga de fuentes renovables.
Otro proyecto de ley que desvela a la organización es el de Basura Electrónica. Esta iniciativa promueve la protección del ambiente de la contaminación generada por este tipo de residuos, buscando la reducción de la peligrosidad de sus componentes y sustancias tóxicas.
Greenpeace también exigió la cancelación del proyecto de construcción de la central térmica de Río Turbio, ya que, entiende, resulta “absolutamente contrario a los esfuerzos que debe realizar la comunidad internacional por reducir la emisión de gases de efecto invernadero y eliminar las fuentes de energías contaminantes que los producen”.
Otra cancelación que reclamó la organización es la de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, que se proyectan levantar sobre el río Santa Cruz, en la provincia homónima. Greenpeace denuncia que estas construcciones producirán irreversibles daños ambientales en la zona, dejando bajo el agua 47 mil hectáreas.
Por último, la organización destacó la importancia de que se le dé un fuerte impulso al saneamiento del Riachuelo, a partir del trabajo de la Acumar y de la puesta en marcha de un plan de medidas para erradicar toda acción contaminante de parte de las empresas que trabajan en la zona.
