Mauricio Macri está por cumplir sus primeros cuatro meses de gobierno mientras siguen las repercusiones por la designación de hombres y mujeres del ámbito privado en el gabinete nacional.
Atento a que varios de los nuevos funcionarios deberán controlar a las empresas donde trabajaban hasta el año pasado, un senador nacional pidió a la Oficina Anticorrupción, que preside la exdiputada macrista Laura Alonso, que haga públicos los dictámenes en los que se deberían negar la “incompatibilidad o conflictos de intereses” respecto de estas designaciones.
El pedido de informes corresponde al chubutense Mario Pais, del Frente para la Victoria, quien repasó las nominaciones más polémicas que realizó el presidente Macri.
Entre ellas se destacan la de David José Tezanos González, expresidente de la distribuidora Metrogas, como interventor del Ente Nacional Regulador del GAS (Enargas); la de Ricardo Sericano, exgerente de EDENOR, como vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); la de Juan Antonio Garade, exdirector de Planificación, Control y regulación de EDESUR y exmiembro de “G & P Management Consultants”, como vocal del directorio del ENRE; la de Manuel Álvarez Trongé, exrepresentante de la línea área LATAM, como director de Aerolíneas Argentinas; y la de María Eugenia Talerico, ex abogada del HSBC en casos de lavado de dinero, como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El caso de Tezanos González adquirió relevancia esta semana porque deberá dialogar con la empresa que conducía hasta el año pasado para realizar una “revisión tarifaria integral” del servicio de gas, lo que abre la puerta a futuros aumentos además del anunciado esta semana.
En este marco, Pais pidió conocer los informes de Alonso, al señalar que “la vinculación existente entre las actividades desempeñadas en el sector privado por las personas mencionadas (…) y las responsabilidades que han asumido con la nueva administración en el Estado nacional son evidentes y pueden generar una situación de incompatibilidad y/o de conflictos de intereses que debió ser analizada exhaustivamente por la Oficina Anticorrupción y por la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción antes de sus designaciones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
Así, ante las sospechas de que estos hombres podrían favorecer a las empresas que conducían hasta hace unos pocos meses, el senador de Chubut recordó que de acuerdo a dicha ley estos funcionarios públicos deben “velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”; “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”; y “abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil”.
El pedido de informes incluye también a otros funcionarios, entre ellos el actual ministro de Energía, Juan José Anranguren, ex CEO y todavía accionista de la petrolera Shell; y a Federico Sturzenegger, actual presidente del Banco Central –todavía pendiente de aval parlamentario–, quien fuera procesado judicialmente por la operación de endeudamiento externo de 2001, conocida como “megacanje”, durante su desempeño como viceministro de Economía de Fernando De la Rúa.
País también pidió conocer los dictámenes de Alonso sobre los casos de Gustavo Lopetegui, ex CEO de la línea aérea LAN y actual secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Ministros; de José Ignacio García Hamilton, exdirector de Asuntos Legales del Grupo Carrefour y actual responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio; y de Matías García Oliver, exdirector de Asuntos Públicos de DirecTV Argentina y actual subsecretario de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.
Por último, el interrogatorio incluye los casos de Osvaldo Norte Sabino, exsocio del Estudio Jurídico Marval, O’Farrell & Mairal y actual subinspector general de Justicia; de Rocío Balestra, exasesora legal en Transportadora Gas del Sur y actual directora de la Comisión Nacional de Valores; y de Mariano Federici, quien trabajaba para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF.
