Según lo que pasó hace seis años, el boliche estaba habilitado para funcionar. No obstante, el año pasado el juez procesó a cuatro ex funcionarios macristas por el supuesto pago de sobornos para que el lugar se mantuviera habilitado. En ese marco, el fiscal Andrés Madrea solicitó en su resolución que la jueza Alicia Iermini lleve a juicio oral a todos los procesados, entre los que se encuentran cuatro ex funcionarios porteños. Uno de ellos, Martín Farrell, quien se encontraba a cargo de la Agencia Gubernamental de Control en el momento de la tragedia, había sido propuesto como juez por el macrismo.
El dictamen, de 500 páginas que se presentó hoy apunta a lograr el juicio por estragos dolosos y cohecho al considerar que habría responsabilidad de los ex funcionarios implicados como consecuencia de las “irregularidades” que se encontraron en el proceso de habilitación del entrepiso del local.
El 10 de septiembre de 2010 un precario entrepiso construido en un boliche de Palermo llamado Beara colapsó y terminó con la vida de dos jóvenes de 20 y 21 años, además de varios heridos.
El hecho revivió en parte a Cromagnon, el boliche que terminó con la vida de 194 jóvenes que habían ido a ver un recital y quedaron atrapados en un incendio mortal. Pero, a su vez, Beara revive la conflictuosa relación entre el Gobierno de la ciudad y la habilitación que el mismo otorga a este tipo de espacios de ocio.