La iniciativa –que supone reformar el capítulo 4 del Código Civil y Comercial de la Nación– propone que el costo del alquiler no supere el índice inflacionario y que, además, las expensas extraordinarias en ningún caso sean pagadas por el inquilino. También, que el depósito en garantía no supere el valor de un mes alquiler y que el monto de lo devuelto por ese concepto al término del contrato sea equivalente al último período abonado.
Adicionalmente, estipula que las comisiones cobradas por las inmobiliarias sean estrictamente determinadas por ley en cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, sean siempre inferiores o iguales a un mes de alquiler.
Por último, el proyecto supone la eliminación del plazo de seis meses para la rescisión del contrato –que podría hacerse al inicio del mismo– y señala que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.
“Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado”, expresó Gervasio Muñoz, referente del Frente Nacional de Inquilinos, organización social que impulsa la propuesta.
Tras resaltar que es la primera vez que organizaciones de inquilinos de todo el país participan de la elaboración de una norma de esta naturaleza, Muñoz destacó que el objetivo es “quebrar con una lógica cultural según la cual el mercado es el que rige las condiciones” y “los precios de los contratos de alquiler”.
“Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado”, agregó.
“Si logramos instalar que el precio del alquiler no tiene que ver con el precio de mercado sino con los índices económicos y que tiene límites, no ocurría lo que sucede ahora, que aumentan todo lo que quieren”, expuso.
La presentación de la iniciativa llega en un momento de inflación creciente, alzas impositivas y tarifarias que, según sus autores, “dieron vía libre a la especulación inmobiliaria”, lo que se traduce en que “los aumentos superan los índices de inflación más altos”, según palabras del militante.
Por caso, los aumentos en los precios de los alquileres desde noviembre pasado rondan el 46 por ciento y en algunos casos llegan al 60 por ciento. A estos, hay que sumar los discrecionales incrementos de las expensas –nunca del todo claros– que deben pagar los inquilinos”, sostuvo Silvina García Larraburu, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Río Negro, quien acompaña el planteo.
