El ministerio de Seguridad tiene un plazo de cinco días para presentar un informe sobre la aplicación del llamado “protocolo antipiquete”, que fue ordenado por el juez en lo contencioso administrativo federal Ernesto Marinelli.
Según trascendió ese es el plazo que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para presentar los antecedentes y los fundamentos del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, como consecuencia de una acción de amparo que inició la Coordinadora contra la Represión Política e Institucional (Correpi).
Este procedimiento de actuación -aprobado el 17 de febrero pasado- establece que ante una manifestación, las fuerzas de seguridad deberán garantizar la libre circulación del tránsito. De lo contrario, “se procederá a intervenir y disolverla”.
La Correpi, por su parte, sostuvo que esto “violenta derechos y garantías de raigambre constitucional, como el derecho de huelga, de expresión, de reunión, de informar y de ser informado, además de amenazar la libertad, la integridad física y la vida de cualquier persona que tenga la necesidad de manifestarse públicamente por una protesta o la reivindicación de un derecho”.
Ante el amparo de Correpi, presentado por la abogada María del Carmen Verdú, el juez Marinelli dispuso librar un oficio “para que, dentro del término de cinco días, presente el informe contemplado en el Art. 8 de la ley 16.986, oportunidad en la que deberán ofrecer la prueba de que intente valerse”.
